El deterioro agudo de la seguridad es innegable. Las ciudades y los campos se encuentran asediados por los criminales y a los ciudadanos nos agobia una creciente sensación de indefensión.
Varias son las razones. Primero, por la renuncia del Gobierno a luchar contra el narcotráfico. Son múltiples los hechos que lo demuestran. Los narcocultivos se dispararon hasta 230 mil hectáreas en 2022 y se calcula que alcanzaron las 320 mil el año pasado. Como resultado, por un lado, las finanzas de los grupos violentos vinculados con el narco están boyantes como nunca y tienen una capacidad logística mucho mayor. Por el otro, esos grupos se enfrentan entre sí e intimidan y agreden a la población de las zonas cocaleras, los corredores de tránsito y los de salida al exterior. Finalmente, la cocaína sobrante exige la creación de mercados internos y hay una lucha de los microtraficantes por su control.
Después, el fracaso de la “paz total”. Los enfrentamientos entre los grupos violentos aumentaron un 54%. Los ceses del fuego paralizan a la Fuerza Pública pero no exigen a los criminales dejar de combatir entre sí ni parar sus acciones delictivas contra los civiles. Hay un ascendente menoscabo del control territorial por parte del Estado y en varias áreas del país la soberanía del Estado es meramente nominal.
La Fuerza Pública, tercero, ha sido objeto de un progresivo proceso de debilitamiento.
Se borró de un tajo su liderazgo con una purga de más de medio centenar de generales, se diminuyó su presupuesto y se designó un ministro de Defensa inepto y enemigo de militares y policías. En paralelo, se redujeron a niveles mínimos las dos grandes fortalezas del Estado, la capacidad aérea y la inteligencia. Para rematar, el déficit del pie de fuerza policial y de tecnología es enorme. El resultado son unas Fuerzas Militares y de Policía con la moral por el piso y bajísima capacidad operativa.
La impunidad, por otro lado, incentiva la criminalidad. En relación con las guerrillas, el gobierno reitera su mensaje de que se arrodillará de nuevo sin importar si desaprovecharon la generosísima negociación de Santos o abiertamente traicionaron lo que firmaron o si violan reiteradamente los ceses del fuego que les regalaron. Los guerrillos tienen la certeza de que se les darán beneficios judiciales, políticos y económicos que no tendrán jamás los ciudadanos que nunca han delinquido. Para los otros bandidos está la certeza de que los riesgos de ser capturados son bajísimos, que son aún menores los de no recuperar su libertad si acaso fueran detenidos y prácticamente inexistentes los de ser juzgados y condenados. El delincuente en Colombia sabe que juega a su favor una legislación excesivamente garantista, que las sanciones por reincidencia son ridículas y que los aparatos de investigación judicial y operación policial son extremadamente débiles.
Finalmente, el gobierno maneja con doble estándar la cooperación ciudadana en materia de seguridad, siempre necesaria e incluso indispensable contra el terrorismo. Por un lado, restringe los espacios de colaboración de los ciudadanos en las zonas rurales, la de los frentes solidarios que proponen los ganaderos, por ejemplo, y, por el otro, incentiva un proceso de milicianización de grupos sociales que parecieran serle afectos ideológica y políticamente, como las guardias indígenas y la seudocampesinas auspiciadas por las Farc, más el de los cien mil jóvenes vinculados con la delincuencia o en riesgo de estarlo.
Con semejante panorama, con un desempleo y pobreza aumentando y sin ningún hecho o declaración de que el gobierno esté consciente del problema y dispuesto a tomar decisiones para solucionarlo, solo puede esperarse que el 2024 sea peor en seguridad y violencia.
