Se definió el liderazgo regional hasta 2027. Fueron más de 131.000 candidatos para 20.500 puestos en Asambleas, Concejos y JAL. Se escogieron 32 gobernadores y 1.102 alcaldes, 410 de los cuales fueron elegi-dos en municipios con riesgo de seguridad alto o medio, cifra sin antecedentes. Activistas políticos fueron secuestrados y 41 asesinados este año.

Los votantes retornaron al centro y dieron un mensaje claro al gobierno sobre la necesidad de cambiar la agenda de los dos años y medio largo que le faltan.

Alcaldes, gobernadores y miembros de los cuerpos colegiados locales, padecerán los asuntos de salud, edu-cación, vivienda y medio ambiente, todos ligados bien sea a la suerte de los caprichos del Presidente y su gabinete, o a su capacidad republicana para corregir el rumbo y producir reformas que fortalezcan los servi-cios del estado, no que los destruyan.

La sequía fiscal y de permisos a medicinas que se han impuesto desde los ministerios a EPS, IPS y demás acto-res en salud, a universidades y entidades de formación tecnológica, a los programas de vivienda, el desbara-juste de las CAR, todos estos descuadernes llegarán a concejos y asambleas con intensidad.

Pero la principal preocupación será la seguridad maltrecha.

La Fuerza Pública está diezmada. Hay ausencia física de policías en todo el país y un traslado inane, constante y erosivo de efectivos desde las vías sin autoridad, desde las zonas rurales y menos pobladas pero con nue-vos problemas de seguridad, a los centros urbanos también llenos de atracadores, fleteros, fentanileros, gotagoteros, sicarios y secuestradores, todos en aumento. Los militares están limitados por órdenes, y falta de soldados mientras se asimila el efecto del aumento del sueldo para los reclutas en la disponibilidad de las fuerzas. La Fiscalía General se queja de falta de recursos.

La Paz Total discute si Otoniel, Mancuso y otros de igual calaña, son interlocutores de un gobierno que quiere convertirlos, por las buenas, para que se vuelvan ciudadanos ejemplares abandonando su adicción al dinero ilegal y a la destrucción de vidas y haciendas. La JEP, creada para resolver un problema político, es tentada por el juzgamiento del crimen organizado, con benevolencia, la cual se suponía sería aplicada a los que delin-quieron, sí, pero en un marco político y para que depusieran sus armas.

En su cima, el homicidio muestra 1.100 casos por mes, 37 al día. En junio, julio, agosto y septiembre pasados, según el MDN, ha habido más homicidios que en iguales meses de 2022. Las masacres siguen teniendo la misma ocurrencia e igual volumen de víctimas que el año pasado.

El secuestro aumentó un espantoso 83%, confirmando los temores de que las bandas criminales están en período de acumulación de recursos, en medio del caos de la Paz Total.

Al paso que vamos, este año se robarán en Colombia 51.000 vehículos, 10.000 más que en 2018; los mayor-mente afectados son los más vulnerables, usuarios de motos. A diciembre, proyectando, los colombianos padeceremos casi 400.000 atracos, 50% más que en 2018. La extorsión y el abigeato suben. El terrorismo ha amainado, pero las voladuras de oleoductos han vuelto con fuerza.

La erradicación de cultivos cayó casi 80%, es decir paró en seco. La nueva política no se ve. Después de la irresponsable postura antinarcóticos del MinDefensa 2012-2015, que frenó la erradicación manual en medio de la suspensión de la aspersión, y puso los cultivos ilícitos en una senda imparable de crecimiento de 100% entre 2013 y 2015, el gobierno Duque incumplió la hoja de ruta sobre cultivos ilícitos firmada con los EEUU. En esta administración se ha aflojado la interdicción, han crecido la presencia de heroína y empezado a apa-recer los opioides en producción y consumo.

Grave panorama. Todo día que pasa sin rectificaciones, equivale a un mes adicional de trabajo futuro si que-remos volver a la mejoría en seguridad de las dos primeras décadas de este siglo.

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