El conflicto armado, a pesar de todas las atrocidades que genera con sus acciones extremas de violencia ofensiva, no es el único que pesa contra los colombianos. Si bien es cierto que el homicidio, el secuestro, el desplazamiento, la desaparición forzada, el reclutamiento bajo presión, la extorsión, la emboscada, la toma de poblaciones a sangre y fuego, el atentado recurrente a la infraestructura energética, la ejecución extrajudicial de personas, los falsos positivos, las detenciones arbitrarias y la persecución a los contrarios con intención perversa, son formas de lucha violatorias de los derechos humanos por parte de los actores de los bandos involucrados en la confrontación beligerante, otras prácticas ilícitas crean situaciones de degradación institucional y causan perjuicios generalizados enormes. Son también conflictos de impactos devastadores causantes de atraso, miseria, frustración y en suma, debilitamiento de la legalidad.

Uno de esos conflictos es el la corrupción, el cual crece desmesuradamente y se consiente como condimento indispensable de la política y del manejo del poder.  Pareciera ser que sin corrupción no hay ese paraíso ajustado a la codicia de no pocos dirigentes y servidores públicos.

La corrupción sirve de matriz de otras conductas ilícitas en el manejo de los bienes de la nación. Muchas operaciones de pujantes empresas están montadas sobre la trampa. Y resultado de ese entramado es la riqueza acumulada por algunos y que les ha permitido adueñarse de tierras y de otras propiedades en detrimento de los campesinos y de sectores de población reducidos a la pobreza extrema y a la falta de oportunidades de manera irremediable.

La corrupción tiene una ramificación tan frondosa, dada su diversidad de prácticas, que la suma de los recursos que mueve, sería suficiente para atender con amplitud y de manera oportuna los sentidos problemas que acosan a los colombianos. Sin ese desangre habría más educación, se acortaría el déficit de los servicios públicos, se normalizaría el sistema de atención a la salud y el desarrollo de la infraestructura vial y la cultura no se estancaría.

Otro conflicto de alto padecimiento es el del abuso del poder, con el cual se suplanta la legalidad. Para usufructuar privilegios quienes buscan ese beneficio incurren en atropellos echando por la borda la Constitución, la ley y la ética. Es un juego de arrasamiento, como se ha visto por parte de servidores públicos de alto rango adueñados de las palancas de las entidades oficiales o de los espacios de decisión en el sector privado.

Y están en el rol de protagonistas de la situación de conflicto los narcotraficantes de todos los pelajes. Es una casta igualmente avara y criminal, en competencia por el poder desde una plataforma montada a la medida de sus desmesuras.

Puntada

El Gran Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista le fue otorgado en este 2016 a Alfredo Molano, un sociólogo, cuya dedicación a la información ha sido constante desde los años 80 del siglo XX, con resultados óptimos en crónicas, reportajes y columnas de opinión que muestran con certeza la realidad colombiana. Molano es un periodista sobresaliente, por sus conocimientos y por la calidad diáfana de sus trabajos.