La grabación en la que Oscar Iván Zuluaga reconoce que a su campaña de 2014 sí entró plata ilegal de la trasnacional Odebrecht –1,6 millones de dólares– confirma lo que afirmé en cinco debates en la plenaria del Senado, entre 2017 y 2021.

Porque antes de esta confesión ya estaba establecido que platas de Odebrecht entraron a las campañas de Juan Manuel Santos de 2014 y 2010 –aunque él no haya sido imputado por la Justicia–, año en el que, contra Mockus, lo respaldaron todas las fuerzas políticas tradicionales de Colombia.

La gravedad de lo ocurrido justifica detallar esta historia.

El inicio de este escándalo se remonta al caso Lava Jato, en Brasil, con las corruptelas de poderosos empresarios y especialmente de Marcelo Odebrecht, capturado por la Justicia brasileña en junio de 2015 y condenado a prisión en marzo siguiente.

Odebrecht actuó en doce países, en asocio con empresas y personas nativas. En Colombia tuvo sociedades y contratos con empresas del Grupo Aval.

Lo que puede llamarse el “sistema” Odebrecht consistió en financiarles a las cúpulas de las clases políticas de los países sus fraudes electorales, para que estas, ya como gobernantes y en contratos corruptos de obras públicas, le pagaran la “inversión”. En Colombia, Odebrecht, con Navelena, se quedó con el gran negocio del río Magdalena y, con el Consorcio Ruta del Sol 02, con una larga carretera a la Costa norte.

Los sobornos, pagados durante gobiernos de Uribe y Santos, sumaron, por lo menos, once millones dólares.

Si Oscar Iván Zuluaga termina condenado no fue porque la Fiscalía lo desenmascarara, sino porque Daniel García Arizabaleta –condenado por corrupción durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, luego alto dirigente del Centro Democrático, conocida ficha pagada por Odebrecht en Colombia y cómplice de Zuluaga–, decidió grabarlo y sapearlo. Sin el dedazo de García, que lo dio para protegerse a sí mismo –hoy vive fresco en Miami–, los desde antes conocidos negocios de Zuluaga con Odebrecht seguirían en la impunidad, como ocurrió durante seis largos años.

En Semana del 8 de abril de 2019, Daniel Coronell demostró que Eleuberto Martorelli, jefe de Odebrecht en Colombia, le explicó a la Justicia brasileña sus torcidos con Zuluaga y García Arizabaleta.

En las grabaciones de Zuluaga aparece que el proceso en el Consejo Nacional Electoral sobre su campaña y la de Santos no avanzó porque las mayorías de ese Consejo de la partidocracia –santistas y zuluaguistas– pactaron la mutua absolución.

Entre los inconformes por el desarrollo de la investigación del caso Odebrecht en Colombia aparecen el Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos, que en 2022 publicaron un aviso ofreciendo cinco millones de dólares de recompensa a quienes ayuden a “recuperar activos de la cleptocracia” colombiana al servicio de Odebrecht.

En mi opinión, si algo ha caído mal entre los colombianos fue que Néstor Humberto Martínez Neira se hiciera elegir Fiscal General de la Nación y no se hubiera declarado impedido para actuar en el ciento por ciento de los aspectos del caso de Odebrecht, aun si otros fiscales se hubiesen encargado de tramitar los expedientes.

Porque, dados los numerosos y grandes negocios de Martínez Neira con Luis Carlos Sarmiento Angulo y con Odebrecht –anteriores a ser Fiscal–, así lo exigían las leyes 1437 de 2011 y 906 de 2004. Y porque, a mi juicio, tantas cercanías no le permitían actuar con la venda en los ojos de la efigie de la Justicia explicada por Bernard Shaw: “La Justicia estriba en la imparcialidad, y solo pueden ser imparciales los extraños”.