Finalizado el año, es pertinente detenerse un instante para evaluar las estadísticas de los principales indicadores sociales, porque las relativas al crecimiento e inflación son de uso diario. La CEPAL proyecta que la pobreza en Latinoamérica se situará en 32,1% de la población y la extrema en 13,1%, representando ello un retroceso de un cuarto de siglo, lo que implica que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019.
A su vez, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.
Lo más negativo lo encontramos en la educación, y ello por la larga interrupción de las clases presenciales, exacerbándose asi las desigualdades educativas previas. Esta situación perdurará y afectará negativamente las trayectorias educativas y laborales de millones de niños y jóvenes.
Si bien la pandemia ha disminuido su virulencia, los desafíos sanitarios siguen. El enclaustramiento generó una acumulación de enfermedades desatendidas, ocasionándose por ejemplo un incremento de un 25% de las relacionadas con desórdenes de salud mental.
El 71,1% del total de la población de la región contó con esquema completo de vacunación a noviembre de 2022. Sin perjuicio de lo cual la desigualdad de acceso a las vacunas fue notoria, porque 11 países no alcanzaron la meta del 40% de la población vacunada a fines de 2021, y 22 no lograron la meta de vacunar al 70% de su población a junio del 2022. Ello, bien pudo evitarse de haber existido una visión de integración y cooperación regional y subregional.
La tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países de la región. Las niñas, niños y adolescentes enfrentan una mayor incidencia de la pobreza que el resto de los grupos etarios, siendo considerablemente más alta para la población indígena o afrodescendiente, lo cual muestra que seguimos siendo países con un racismo endémico.
En 8 de 12 países de la región, más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tiene conectividad a internet, y en 3 países más del 80%. Si sumamos carencia de equipos entonces tenemos hacinamiento digital, aún en hogares conectados, debiendo agregarse la insuficiencia de habilidades digitales en general.
El porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja aumentó de 22,3% a 28,7%, afectando más a las mujeres. Es por ello y otros motivos que urgen acciones para promover la inclusión laboral de la juventud y apoyo a su transición de la educación al empleo, con acceso a políticas integrales de cuidado.
En conclusión, la región enfrenta una grave crisis social. No debemos olvidar que ella arrastraba profundas deudas en inclusión social y en calidad de la educación antes de la pandemia. Por ello, se debe invertir en educación, porque es crucial para el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible.
Ello se consigue si garantizamos una educación presencial segura, recuperando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas, revinculando a los estudiantes que abandonaron sus estudios, repensando las competencias que deben fortalecerse en la formación, aprendiendo de las innovaciones educativas, y finalmente maximizando el aprovechamiento de la revolución digital en la educación.
