El próximo domingo estamos convocados los colombianos a las urnas para elegir “autoridades y corporaciones públicas territoriales el 29 de octubre de 2023 y 19 de noviembre del mismo año, segunda vuelta de elección de Alcalde Mayor de Bogotá, si hubiere lugar a ello, …”, como reza el recién expedido decreto 1702, de octubre 19 de 2023, del gobierno nacional.
Una característica muy bien definida de esta contienda electoral es la alta participación de la juventud aspirando a los cargos y curules ofertados, en ejercicio de la democracia participativa y con el afán de iniciar una carrera política y hacerse a un nombre en la ciudad, con todo derecho. Vemos con regocijo la participación de los jóvenes. Anhelamos que el constituyente primario les dé oportunidad a algunos de ellos, y si se aseguran, que tengan presente intereses comunitarios y no ideologías trasnochadas y fracasadas.
También hemos visto en esta campaña electoral candidatos que sabían que estaban inhabilitados para aspirar, otros que después de un análisis sincero creyeron que estaban habilitados y la entidad oficial pertinente los frenó en seco, otros que ya sobre el tiempo aún tienen la incertidumbre de su habilitación, porque están ad portas de la contienda y no se les aclara nada. En este último caso es injusta la irresolución del Consejo Nacional Electoral - CNE -, porque en el caso del candidato hay que tener en cuenta la ilusión y el gasto que implica una campaña así sea austera, y desde el punto de vista oficial tener que incluir en el tarjetón, a menos de una semana de las elecciones, un candidato que no sepa si puede participar.
Aspirar a la reelección o a una segunda elección no es ilegal, es legal y, además, es “el soberano” el que decide si le permite acceder al cargo o le deniega la oportunidad. Lo incomprensible es que ese mismo soberano reniega muchas veces del triunfador. Hay que entender que cuando el mandatario, en cualquiera de los niveles territoriales, es elegido por determinado guarismo electoral, digamos la mitad más uno de los votos válidos, pasa a representar a la comunidad entera, tal como se predica del mandatario nacional, representa a la Nación entera.
En un libro muy entretenido sobre algunos gobernantes colombianos nos dice el historiador cartagenero Carlos Villalba Bustillo que las peleas entre Bolívar y Santander era por “presupuesto y burocracia”. Y mujeres, agrego yo. Eso es lo que hace que los políticos busquen insistentemente el poder o se aferren a él. Casos se han visto, como el reciente en la Guajira, donde un personaje fue extraditado, regresó al país hace dos años y se inscribe como candidato a la alcaldía de su municipio, el Consejo Nacional Electoral revoca su inscripción y entonces asoma al hijo. Eso es legal, pero mal visto. No tiene presentación. Legal, porque, aunque las inscripciones se cerraron el 29 de julio, para efectos de inhabilidades sobrevinientes, el Consejo Nacional Electoral dejó abierta la ventana para que los partidos no se quedaran sin representación una vez se diera la posible inhabilidad de algún candidato. Pero yo me refiero estrictamente es al aferramiento.
Finalmente, después de las elecciones venideras entramos en el proceso de ventilar candidaturas presidenciales, es la constante histórica en Colombia; los partidos y movimientos políticos perdedores entran en etapa de autocrítica y reflexión, y la oposición también se reacomodará, porque los resultados electorales influyen en todo.
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