La seguridad, que es multifacética, es la condición fundante de la sociedad humana. Tener seguridad no implica que vaya a haber desarrollo o equidad o sostenibilidad, pero sin seguridad no puede haber ninguna de ellas. Es condición necesaria para la vida social, no suficiente.
Cuando hablamos de seguridad usualmente nos referimos a la seguridad física, a no ser atacados por criminales buscando afectar nuestro patrimonio o nuestra vida, o a caer por balas "perdidas" en guerras de bandas criminales, o que nuestras mujeres sean atacadas para ser ultrajadas, o a ser atropellado por algún matón potencial que hace de la vía un lugar peligroso, o por un atentado terrorista masivo, o por ataques cibernéticos (ser robados por hackers o afectados por atentados a sistemas urbanos vitales como los servicios públicos).
La seguridad también se refiere a riesgos naturales como inundaciones, avalanchas, sismos y cambio climático, entre otros. La ciudad debe ser razonablemente segura para la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sea cual sea la amenaza. Medir la amenaza, valorar el riesgo y tomar medidas de control de vulnerabilidad, de adaptación y de resiliencia es del objeto esencial del estado, en especial del local.
Y están la seguridad judicial y la seguridad jurídica. La inseguridad judicial se refleja en una administración de justicia lenta, con altas dosis de impunidad, casos de corrupción y sesgo ideológico que politiza la justicia. El imperio de la ley, objetiva y neutral, es la otra cara de la seguridad personal.
La inseguridad jurídica se refiere a un desarrollo legislativo ideologizado pro estado colectivista, donde el crimen se justifica en la pobreza y donde se le da carácter político a cualquier grupo criminal organizado. Las leyes no nos darán la libertad, sino el sometimiento a un estado omnipresente y a un líder iluminado. Se rompe el imperio de la ley y la seguridad pasa a cuerpos de seguridad del estado colectivista, justificados por parlamentarios y magistrados supeditados al ejecutivo, acabando la confianza. “Cuando no hay confianza no hay inversión. Cuando no hay inversión, no hay trabajo. Cuando no hay trabajo, no hay consumo. Así de simple es la economía”, dijo López Aliaga, alcalde de Lima.
Estamos viendo como en un año del gobierno del cambio, la inseguridad en todas sus vertientes se deterioró apreciablemente y para las próximas elecciones regionales y locales será, como en el pasado, el tema central de la contienda. La Paz Total con el crimen parece tener como contrapartida la indefensión total de la sociedad civil y la visión de la economía privada como enemiga del estado, en suma, la visión del socialismo antidemocrático.
Todas las inseguridades tienen distintos orígenes pero se retroalimentan por lo que no deben analizarse separadamente, sino que la actuación hacia ellas deberá ser integral. El problema a nivel local es que la seguridad en casi todas sus facetas es de resorte centralista, nacional; estado nacional que funciona hoy como una familia de la mafia siciliana, lealtad y omertá. Por eso aunque el alcalde es el jefe de policía local, es a su vez parte de una organización nacional que debe obedecer y nadie sirve bien a dos señores. Por eso el alcalde como jefe de policía es tan efectivo como nombrarlo jefe de actividades lúdicas y contemplativas.
Lo que se puede hacer a nivel metropolitano es tener entes locales que recojan y procesen información de todo tipo que pueda usarse como insumo de inteligencia, pero en especial, como materia prima de una adecuada planificación urbana que no sean solo renderes de “visiones futuras”. En muchas ciudades el uso de drones de vigilancia y control son permanentes. La información es la savia de lo urbano y central a una adecuada planificación.
Lograr la seguridad local y regional exige buscar todos los mecanismos posibles de descentralización para lograr actuación independiente que haga la planificación urbana local un ejercicio de ganancia de valor agregado. Porque sin seguridad ni pío.
