El defensor del Pueblo Regional Norte de Santander, Pepe Ruiz Paredes destacó ayer en el ejercicio de rendición de cuentas del periodo 2022 el trabajo que la entidad viene desarrollando en defensa de los derechos humanos de ciudadanos colombianos y venezolanos.
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Durante la instalación de la audiencia y con presencia de delegados de organismos como Naciones Unidas, organizaciones defensoras de derechos humanos, personeros de la región y voceros de las fuerzas vivas de Cúcuta, Ruiz indicó que la Defensoría debe ir día a día en dirección del mejoramiento continuo en atención y en resultados para la comunidad.
Precisó que la entidad ha sido como una piedra en el zapato para muchas instituciones en la región (a las que no les gusta el trabajo de defensa de los derechos humanos que hace la Defensoría).
Una vez instalada la audiencia por parte de Ruiz, acto seguido los directores de las distintas unidades procedieron a presentar los resultados y sus impactos a favor de la efectividad de los derechos humanos en la región de Norte de Santander.
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Movilidad de población migrante
Ruiz señaló que la zona de frontera del departamento Norte de Santander, a lo largo de los 2.119 kilómetros de límites que demarcan los territorios nacionales, entre el estado Táchira, Zulia (Venezuela) y sus conectividades con el departamento Norte de Santander (Colombia), ha sido epicentro de los mayores e intensos intercambios y receptor principal de la conflictividad bilateral.
Con la reapertura gradual de la frontera con Venezuela, en el mes de septiembre del año pasado, y a pesar que los puentes internacionales están habilitados para el tránsito peatonal, la población venezolana con vocación de tránsito y pendulares sigue transitando por los pasos informales, enfrentando graves riegos a su vida e integridad.
Se destacó el comportamiento de los movimientos migratorios mixtos para el año 2022 con entradas y salidas diarias de 33.424 personas por los puentes Internacionales Simón Bolívar (Villa del Rosario), Francisco de Paula Santander (Cúcuta), y La Unión (Puerto Santander).
Escenarios de riesgo regional
El defensor del pueblo, Pepe Ruiz Paredes indicó que en 2022 se evidenció el incremento de sucesos entre grupos armados ilegales por la disputa territorial.
La arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC a la zona rural de Cúcuta, fue la apertura a la intensificación de confrontaciones con miembros del Ejército de Liberación Nacional, Eln, dos grupos armados que permanecen en el territorio disputando el control continuo y el dominio de las economías ilícitas. Se dijo también que se ha agudizado la ocurrencia de hechos victimizantes configurados en homicidios selectivos, amenazas, intimidaciones, señalamientos, restricciones a la movilidad, comunicación y casos de desplazamientos forzado individual y masivo.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación por la reorganización en Tibú de grupos armados como Eln y Farc, este último en reorganización y control en el territorio, lo que generó durante el año 2022 que se presentaran homicidios selectivos, ataques en contra de la Fuerza Pública y la ocurrencia de diversos hechos victimizantes en contra de la población civil, dentro de los que se destacan el homicidio y amenaza a líderes, comunales y defensores de Derechos Humanos.
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Reveló que en los municipios de Sardinata, El Zulia y Bucarasica se comparten muchas de las dinámicas y escenarios de riesgo que se presentan en la zona del Catatumbo, ya que se ubican en un sector estratégico en la geografía del departamento, pues el eje vial que atraviesa la ruta Ocaña-Cúcuta y que conecta a la Subregión del Catatumbo con la Frontera y el sur del departamento traspasa jurisdicción de estos municipios.
De los 20 municipios incluidos en el monitoreo de la subregión centro y sur de Norte de Santander, aproximadamente 16 tienen presencia del Eln por medio del frente Efraín Pabón Pabón y el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar con un amplio monopolio que les permite participar en diversas actividades económicas, como las extorsiones, el contrabando y el procesamiento de la coca.
En los pueblos de occidente del departamento, se observa la intensificación de la acción del Eln y su presencia territorial en las zonas rurales de varios municipios, situaciones que conllevan el temor de las poblaciones campesinas, dijo Ruiz.
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