La exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos; Jaime Montaguth Vega, exsecretario de Educación para ese período; Jorge Iván González Avendaño, exsubsecretario de educación, y Lesmes Ernesto García Cáceres, supervisor de contrato fueron los cuatro exfuncionarios del municipio a los cuales la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por el caso de los ‘alumnos fantasmas’.

De acuerdo con el órgano de justicia, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación a favor de terceros.

Los cargos también fueron imputados a Claudia Liliana Hernández Eslava, interventora; y a Danubiez Zapata Sánchez, contratista. Ninguno de los seis involucrados aceptó los cargos.

Los aparentes hechos de corrupción por los que son judicializados los seis implicados los originó una auditoría hecha por el Ministerio de Educación, en la cual encontró que 14.836 alumnos que habían sido reportados en diferentes entidades educativas del país, no existían. De ese total 11.374 correspondían a Cúcuta. 

La Fiscalía encontró como material probatorio que “el contrato 390 de 2010 buscaba que un colegio privado atendiera una población infantil que supuestamente no había encontrado cupo en colegios oficiales. No obstante, los estudiantes inscritos, y por los que se realizó el cobro, fueron 998, a pesar de esto los soportes técnicos dan cuenta de únicamente 167 alumnos”.

Además, se estableció que inicialmente el cubrimiento era para menores de edad, y posteriormente se incluyeron capacitaciones para adultos. Esto habría permitido irregularidad al hacerse el contrato de forma directa. La Fiscalía también tomó como material probatorio otro caso, pero de un colegio oficial, en el cual estaban registrados 1.570 estudiantes, de los cuales no se encontró soporte.  

Además, encontraron duplicidad de inscripción de niños en colegios, lo cual generó multiplicidad de cobros. Y se elaboraron documentos en los que se recibía a satisfacción un servicio nunca prestado. Esto habría permitido que se realizaran los cobros, reseñó la Fiscalía. 

Montaguth Vega indicó que la Fiscalía anticorrupción tiene el deber de hacer su trabajo. Sin embargo, puntualizó: “nosotros tenemos el derecho a la presunción de inocencia y de presentar en los términos de Ley, y a través de nuestros abogados, el acervo probatorio para desvirtuar las acusaciones objeto de la investigación”.

La exalcaldesa, María Eugenia Riascos, indicó que en efecto se adelantó diligencia de imputación de cargos, por el tema de cobertura de estudiantes en las instituciones educativas de la ciudad.

“Acaté el llamado de la Fiscalía con la tranquilidad y la seguridad de que los funcionarios de la Secretaría de Educación para la época de los hechos, y los rectores  de las diferentes instituciones educativas cumplieron, y existen los documentos y pruebas necesarias para demostrar que no hubo alumnos fantasmas”. 

Riascos además puntualizó que la Fiscalía no solicitó medida y el juez textualmente señaló que no había inferencia de autoría. 

El Ministerio de Educación descontó $1.699.662.000 a Cúcuta por los niños fantasmas del 2010.