Cumpliendo una orden del Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta, en respuesta a la acción de tutela interpuesta por los propietarios, la Policía Metropolitana de Cúcuta desalojó el asentamiento humano que desde el 28 de febrero pasado se instaló en un terreno privado, ubicado en el anillo vial occidental,  cerca del Aeropuerto Camilo Daza.

El demandante, José Alirio García Ordoñez, actuando como propietario de la finca ‘Los Espinos’, acudió ante el juzgado para pedir se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales y el derecho a la posesión, al no lograr por la vía del diálogo que las familias que invadieron su propiedad, accedieran a desalojarlo. 

Yesid Blanco, personero de Cúcuta, contó que el procedimiento se realizó la madrugada del pasado viernes. Unos 300 policías acudieron al predio para cumplir la orden judicial y procedieron a su desalojo, desmontando las carpas y ranchos que habían construido con tablas y lonas. 

Dijo que durante la actuación, algunas personas quisieron ejercer presión para evitar el desalojo, intentando cerrar la vía en el Anillo Vial y esto generó un altercado con la Policía que debió intervenir para evitarlo.

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 “Ahí se presentó una situación entre la comunidad y la Fuerza Pública que generó alrededor de cuatro o cinco capturas por ataque de funcionario público”, señaló.
Cobro de los lotes

El personero, Yesid Blanco, indicó que las familias que habían ocupado ilegalmente el terreno pidieron desde el primer momento el acompañamiento del Ministerio Público, tanto de la Personería como de la Defensoría del Pueblo, por lo que se realizó una mesa de concertación para poder brindarles algunas garantías. 

Sin embargo, llamó la atención algunas quejas verbales que llegaron a la Personería, acerca de que detrás de quienes aparecían como líderes, se encontraban personas que estaban negociando la venta de los predios por el orden de los 200, 400 y hasta 600 mil pesos. 

“Aunque solo fueron comentarios que surgieron de las mismas reuniones que sostuvimos con ellos y no hubo una denuncia o prueba de ello, se pudo observar que algunas personas fueron víctimas de estas organizaciones que les ofrecieron parte en el predio”, declaró.

El terreno de unas 122 hectáreas de extensión, había sido loteado y tenían medidas exactas de división por cada predio. Entre los ocupantes había muchos extranjeros y personas que según la misma comunidad de Buena Esperanza, venían de otros barrios donde tenían propiedades.

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“Nos pareció un hecho inusual que luego que se hizo la ocupación que fue el 28 de febrero, los dueños manifestaran que llegaban más personas invadiendo y cada día aumentaba”, declaró.

En virtud del acompañamiento que tenían por parte del Ministerio Público, la Personería les pidió una caracterización de las familias, a lo que estos se opusieron. “Nuestra intención era verificar quiénes eran, pero la respuesta que nos dieron fue que un abogado que estuvo allí les dijo que no entregaran ninguna información”, contó.

Deben cerrar sus predios 

Al ser consultada acerca del desalojo, Hidela Benitez, secretaria de Gobierno Municipal, señaló que aunque en este caso se pudo garantizar el derecho a la propiedad, lo que establece la ley es que quien posea un predio debe actuar como “dueño y señor, y garantizar el cerramiento y cuidado del mismo”, dijo. 

Explicó que la Policía ejerce una función preventiva, no de celaduría o cuidado del predio. La invasión del terreno en Buena Esperanza se definió en un proceso de la justicia administrativa pero esta situación que se pudo evitar “si como propietario se toman las medidas necesarias como propietario”, señaló. 

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