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Miércoles, 21 Noviembre 2018 - 5:30am

Los errores en contrato del Fondo de Valorización de Cúcuta

Estas equivocaciones “no pueden seguir cometiéndose”, afirmó la contralora Blanca Cruz.

La Opinión
Si bien el contrato aún no se celebra y es posible hacer las modificaciones para corregir los errores, queda claro que los seis abogados contratados por el Fondo, y que les cuestan a los cucuteños algo más de 69 millones de pesos, no estarían cumpliendo sus funciones.
/ Foto: La Opinión

Convocar una licitación por 280 millones de pesos para prestar un servicio de mensajería al Fondo de Valorización de Cúcuta (Fondova) “para dar normal funcionamiento de la secretaría de Hacienda municipal”, con un cronograma de actividades “que serán realizadas por el Departamento del Putumayo” son los errores de forma hallados en un proceso contractual.

El primer detalle se halló en el objeto del contrato, de los pliegos de condiciones, en el que se indica que el servicio de mensajería servirá para dar normal funcionamiento a la secretaría de Hacienda “conforme a los compromisos adquiridos en el convenio 1560 de 2017”, el cual está firmado por Corponor y la Alcaldía, y nada tiene que ver con el proceso.

Juan Carlos Uribe, director del Fondova, explicó que “efectivamente hubo un error al utilizar un modelo; pero en prevalencia del fondo sobre la forma,  lo que se está contratando es un servicio para el Fondo”, situación que habría quedado clara “en la resolución de adjudicación”.

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El segundo aspecto, advertido por la Contraloría municipal cuando revisó el proceso, se descubrió en el cronograma que menciona actividades que realizará “el Departamento del Putumayo”.

Según la contralora Blanca Cruz, estos errores “no pueden seguir cometiéndose, puesto que confunden a los posibles proponentes y a la comunidad que no entiende cómo profesionales asignados a la elaboración de la contratación no procedan a una revisión minuciosa”, antes de publicar los procesos.

Si bien el contrato aún no se celebra, pues fue adjudicado el pasado 15 de noviembre a Coldelivery SA, y es posible hacer las modificaciones para corregir los errores, queda claro que los seis abogados contratados por el Fondo, y que les cuestan a los cucuteños algo más de 69 millones de pesos, no estarían cumpliendo sus funciones.

Todos tienen entre sus obligaciones, según consta en el Secop:  “proyectar, conceptuar, revisar, evaluar contratos laborales, civiles y mercantiles dentro del proyecto del cobro de la contribución” de valorización, además de elaborar y revisar convenios, licitaciones, etc.

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Mensajería para...

Entre las dudas no resueltas por el Fondo está la finalidad del contrato, pues sumado al error no corregido aún, se desconoce para qué se contrata un servicio de mensajería expresa, toda vez que la Alcaldía presentó al Concejo un proyecto de acuerdo para acabar esta entidad.

Si bien el Fondo no tendrá fin hasta cuando el Concejo apruebe el proyecto, no se entiende por qué sigue contratando una entidad que podría acabarse, por indicación de la misma administración municipal.

De otro lado, tampoco se sabe si este contrato se asemeja a uno celebrado en abril de este año, entre el Fondo y la empresa Servientrega.

En ese entonces, el Fondo también contrató un servicio de mensajería por $122 millones, pero allí sí era explícita la obligación del contratista: “hacer entrega de 240 mil notificaciones” del cobro de valorización en el perímetro urbano de Cúcuta, cosa que no ocurre en este caso.

El modelo que se tomó en esta ocasión se ocupa de explicar cuáles son las condiciones del servicio de mensajería masiva, qué es la mensajería urbana, e indica que el servicio de mensajería especial se ocupa de “enviar citaciones a los contribuyentes” de la zona urbana de Cúcuta, así como del “envío por aviso de las comunicaciones oficiales a los contribuyentes”. 

Al preguntar si se trataba de un contrato relacionado con la entrega de notificaciones, Uribe dijo que solo respondería personalmente pues consideró que “se están tergiversando las cosas” y no quería “información descontextualizada”, pese a que solo se le pidió confirmación sobre cuál sería la necesidad que se supliría con los 280 millones.

También, ofreció asesoría de Sergio Rosas, abogado del Fondo en temas de contratación, para que le diera a La Opinión la explicación jurídica.

De tratarse de un contrato similar, tampoco se comprende por qué pasó de 122 millones de pesos a 280 millones, en apenas siete meses, y de no serlo, es necesario que se aclare técnicamente la finalidad de una selección abreviada con severos errores de forma.

La Opinión

@laopinioncucuta

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