El decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017 volvió a ser objeto de controversia, y se pide que sea anulado por violar las leyes colombianas, según indicó el abogado Jairo Ibero en una carta enviada al presidente Iván Duque.
El punto en discusión tiene que ver con los requisitos que se solicitan para hacer el proceso de internación de los vehículos venezolanos en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, y sobre los cuales se eliminó la solicitud de certificación de legalidad del vehículo, emitida por el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) o el Intt (Instituto Nacional de Tránsito Terrestre) de Venezuela, por el cierre de la frontera.
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La demanda de nulidad señala que Venezuela y Colombia suscribieron un acuerdo binacional en 1995 para controlar y regularizar la permanencia de los vehículos en ambos lados de la frontera, el cual fue aprobado por el Congreso, con la Ley 207 de agosto de 1995.
“La Corte constitucional por sentencia 152 de 1996 declaró la exequibilidad de la ley”, explicó el demandante.
Detalló que la ley en su artículo octavo establece como requisito para internar un vehículo que las autoridades competentes de las partes contratantes expedirán una certificación en la que se especifique que no existe denuncia de delito sobre ese vehículo, y que luego el documento debe ser legalizado por los funcionarios consulares.
Este paso fue eliminado del decreto, porque es imposible que el Cicpc o el Intt emitan la certificación, pues para hacerlo es obligatorio que el vehículo este presente al momento de la revisión.
Las consecuencias de eliminar este requisito de la ley, afirma, estaría incentivando el robo de vehículos en Venezuela.
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“¿Cómo puede la policía colombiana hacerle la revisión a un carro venezolano y decir que está legal, cuando no tiene conocimiento por parte del país de origen de esa legalidad?”, sostuvo.
“Quien no interne su vehículo tiene la posibilidad de que se lo decomisen”, dijo.
Hasta hace dos semanas, en Cúcuta apenas 570 personas habían empezado el proceso de internación a través de la página web de la Alcaldía, donde la secretaría de Hacienda habilitó un programa para recibir los requisitos, y falta que el gobierno departamental especifique los pasos que debe seguir el propietario.
