Sin haberse instalado la primera placa, después de tres años de haber sido elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la nueva nomenclatura de Cúcuta, por cuyo concepto el municipio y las empresas de servicio público pagaron más de 4 mil 500 millones de pesos, se encuentra desactualizada y ad portas de perderse.

A esta conclusión se llegó al término del control político que el Concejo le adelantó al secretario de Planeación municipal, Orlando Joves, durante el cual el funcionario dejó claro que, a la fecha, la alcaldía no cuenta con los 12 mil millones de pesos que cuesta terminar los estudios que faltan para dar paso a la instalación del nuevo sistema de direcciones de la ciudad.

Pero peor aún, La Opinión conoció que un 15 por ciento de la ciudad no está registrado en la nueva nomenclatura que hizo el Igac, dado que en los últimos años se crearon nuevos predios y se hace necesario vincularlos a la base catastral.

Esta situación, según el concejal ce Cambio Radical, Oliverio Castellanos, da a entender que ha faltado planeación e interés por parte de la Alcaldía para dotar a la ciudad de un moderno sistema de nomenclatura que mande a la historia los más de 25 sistemas de direcciones que hoy rigen en la capital nortesantandereana.

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El concejal fue mucho más allá al señalar que lo que está sucediendo con este proyecto inconcluso puede terminar en un detrimento patrimonial, dado que el municipio invirtió millonarios recursos en algo a lo que no se le ha dado ningún uso ni funcionalidad.

Joves insistió en que la Alcaldía no tiene los recursos necesarios. Recalcó que solo las placas que se necesitan para los más de 200 mil predios cuestan 7 mil millones de pesos y la implementación vale unos 5 mil millones, dado que contempla la notificación a los usuarios, el cambio de identidad predial y el registro de instrumentos públicos, entre otros aspectos.

Dijo que una fórmula para reunir el presupuesto es acudir a las empresas de servicios públicos, las más beneficiadas con la nueva nomenclatura.

No obstante, los gerentes de las empresas señalaron que el aporte que les correspondía ya lo hicieron y que lo que falta es competencia directa del Municipio. “Las empresas de servicio público contribuimos a la elaboración del estudio técnico de la nomenclatura que adelantó el Igac por más de 3 mil millones de pesos”, afirmó Ángel Uriel García, gerente de Aseo Urbano.

Por su parte, Hugo Vergel, gerente general de la empresa de acueducto Aguas Kpital, señaló que “la materialización de la nomenclatura se debe apalancar con recursos diferentes a los nuestros dada la gran cantidad de compromisos que tenemos en nuestro objeto social”.

Para el concejal Jaime Marthey, se hace necesaria una alianza municipio-empresas de servicios, una especie de todos ponen, “ya que sería un despropósito cobrarles a los usuarios por la placa que se les va a instalar en su casa”.

Lo que falta

El municipio debe presentar un proyecto de acuerdo para convertir en acto legal la nomenclatura.

En segundo lugar, para la materialización, debe expedir las resoluciones con la nueva nomenclatura y notificarla a usuarios y predios.

Tercero, se retiran las placas antiguas y se reemplazan por las nuevas, y se señalan las nuevas direcciones en las vias.

Con la nueva nomenclatura, las últimas calles son la 58 N hacia el norte;  la calle 47 que colinda con Venezuela (Ureña) hacia oriente; la avenida 44 al este; la calle 42 al sur, y la avenida 67, salida a El Zulia, al occidente.

La tendencia de crecimiento de la ciudad estará en 3 direcciones: hacia el noroccidente, por la vía Puerto  Santander, al occidente por la vía a El Zulia y al suroccidente por el anillo vial, entre Los Patios y Atalaya.