Los contratos de concesión del espacio público que celebró al finalizar el año pasado el entonces secretario de Planeación de Cúcuta, Jorge Omar Gandolfo, empezaron a ser demandados por las presuntas irregularidades que rodearon los actos administrativos.

En cuatro acciones populares instauradas por el abogado Martín Santos en igual número de juzgados de Cúcuta, contra el alcalde Jairo Yáñez y los representantes legales de las firmas a las que se les entregó el control de los parques Cúcuta 300 Años, Metropolitano, Cristo Rey y plazoleta de El Malecón, se solicitó la nulidad absoluta de los actos administrativos.

Las acciones fueron impetradas en los juzgados  administrativos 1, 5, 6 y 10 de Cúcuta. Según Santos, Gandolfo ya había escogido con quién iba a celebrar los contratos de administración de espacio público que adjudicó finalizando la administración del exalcalde Cesar Rojas.

Estos cuatro contratos de administración del espacio público, al igual que los otros 22 que adjudicó Gandolfo, se hicieron sin ningún tipo de publicidad o convocatoria pública, procediendo a contratar de manera directa y omitiendo íntegramente la etapa precontractual.

“Pero no solo eso, escogió a dedo a los contratistas, vulnerando con ello los principios de transparencia, selección objetiva, publicidad e igualdad, que orientan la contratación pública en Colombia”, dijo el profesional del derecho.

Santos añadió que atendiendo la verdadera tipología contractual de esta clase de contrato, se omitieron los estudios técnicos y de prefactibilidad. Tampoco se elaboraron los términos de referencia para presentar ofertas, no se hizo el documento preliminar en el que se señalen los datos básicos de la contratación, (Espacio a concesionar y demás conceptos).

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Asimismo, tampoco hubo criterios de evaluación o aspectos a tener en cuenta en la evaluación y no se publicaron los contratos en debida forma en el portal de contratación del Estado, Secop.

Según se lee en la exposición de motivos de las acciones populares, por esta razón, los contratos con los que se concesionó la administración del espacio público se encuentran viciados de nulidad absoluta por haberse celebrado contra expresa prohibición legal contenida en el numeral 8º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

Por estos hechos fue que Santos acudió a demandar en acción popular los contratos en salvaguarda de la defensa de los derechos colectivos; a la moralidad administrativa; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, al igual que por la defensa del patrimonio público. “Se omitió el procedimiento de licitación pública exigido por la ley para los contratos de esta naturaleza”, concluyen los textos de las acciones populares.

La alcaldía dijo en reciente comunicación que se encuentra analizando detenidamente la contratación del espacio público para tomar una decisión.