Esta semana el legislativo debe definir el monto del Presupuesto General de la Nación, PGN, que se habilitará en 2024. El plazo máximo para aprobarlo se cumple el próximo 20 de octubre y se espera que hoy inicie votación del articulado en segundo debate. Sin embargo, ayer la oposición tuvo la oportunidad de liderar la sesión para exponer sus reparos al proyecto.

Christian Munir Garcés, representante del Centro Democrático, intervino en la plenaria de la Cámara de Representantes, para exponer aquellos puntos que les preocupa de la propuesta del MinHacienda. Para la bancada de la oposición, es positivo que con el presupuesto se piense en el pago de la deuda, pero les preocupa que para lograrlo se plantee, entre algunos puntos, la flexibilización de la regla fiscal.

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“El Gobierno se ha aprovechado de la preocupación que existe para proteger el medio ambiente para flexibilizar la regla fiscal. Esto es algo que rechazamos en nuestro partido”, dijo el representante Garcés.

El congresista agregó que no existen garantías sobre los recursos que respaldan el crecimiento del gasto público. “Estamos de acuerdo en que se luche contra la evasión. Pero no estamos de acuerdo en que se generen procesos que frenen nuestra economía”, dijo el representante del Centro Democrático.

El representante del mismo partido, Andrés Forero, se refirió a la reforma a la salud en trámite y explicó cómo por cuenta del PGN se estaría desfinanciando el sistema de salud. “Hay un hueco de $850.000 millones por concepto del Soat. Adicionalmente, están desfinanciando los presupuestos máximos, poniendo en riesgo la atención de aquellos que sufren enfermedades huérfanas o enfermedades crónicas. En el presupuesto de inversión hay un déficit de $1 billón respecto a lo que había planteado originalmente de Gobierno”.

Y agregó que “con esto, la administración nacional es consciente de que tiene necesidades adicionales para el próximo año de $10 billones, y de esta manera están sacando el PGN para 2024”.

Érika Sánchez, representante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, señaló que para la atención a la infancia, en el Icbf se aumentó el presupuesto en más de 20%. Sin embargo, dijo que, aún con esto, los recursos no son suficientes. “Solo en 2023 se requerían $400.000 millones más de lo que fue asignado. Lo que se traduce en falta de prestación de servicios, y falta de inversión de infraestructura”.

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Otro punto que se tocó en la plenaria de Cámara fue el de Educación. Marelen Castillo, también representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, resaltó que esta sea uno de los sectores a los que se le va a asignar más presupuesto. Sin embargo, enfatizó en los retos vigentes en esta materia.

“Para pensar en la matrícula obligatoria en educación media se debe pensar en la infraestructura que se necesita en las instituciones educativas”. Y añadió que entre los aspectos que se deben de aclarar están el dar a conocer “¿cuál será la inversión para garantizar la cobertura que no es obligatoria en este momento? ¿Cuántos cupos adicionales se lograrán para avanzar hacia la meta de 500.000 cupos nuevos en Educación Superior? ¿La infraestructura actual soporta dicho crecimiento?”.

Con estos argumentos expuestos se espera inicie la discusión alrededor de la ponencia para segundo debate, la cual se radicó ayer en horas de la tarde.

Si se tiene en cuenta solo los ministerios, la ejecución tiene un promedio de 55%. Los 12 con mayores asignaciones de recursos concentraron el 86,2% ($71,8 billones). Las carteras de Salud, Minas y Energía, y Educación, entonces, son las que han mostrado un mejor comportamiento. En estos tres sectores, el porcentaje de compromisos, obligaciones y pagos es mayor de 70%. Por el contrario, las de menor ejecución, hasta el momento, son la del Deporte (37,59%), Trabajo (32,16%) e Interior (32,16%). MinIgualdad ya tiene asignados más de $14.258 millones.

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