Restablecer la cooperación judicial, policial y de seguridad fronteriza entre los ejércitos, es una cuestión clave dentro del nuevo capítulo de las relaciones colombo-venezolanas que volvieron a tener embajadores para procurar una interlocución fluida en favor de los pueblos.

El Tren de Aragua, banda criminal venezolana que aprovechando el desorden y la tierra de nadie imperante durante más de tres años y medio sin relaciones, cruzó hasta territorio colombiano y ahora figura como factor disparador de inseguridad en Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga.

Desvertebrar conjuntamente esta organización binacional del crimen debe quedar como uno de los compromisos comunes de las autoridades judiciales y policiacas de lado y lado del río Táchira.

A los ministerios de Defensa en su agenda les corresponde lanzar acciones de control en sitios fronterizos neurálgicos para evitar que sigan siendo usados como retaguardias de descanso y de preparación de ataque por parte del Eln o de la disidencia de las Farc.

Esas operaciones militares, operativas y de inteligencia, con intercambio de información y estrategias de presencia y control en los territorios, tienen la importancia de recuperar soberanía sobre la criminalidad que se asentó en la línea que marca donde termina un país y empieza el otro.

También debe consolidarse un compromiso alejado de la corrupción, para atacar el narcotráfico y las mafias de la trata de personas, el contrabando y la extorsión que montaron sus imperios en la frontera.

La misión es dura. Pero ambos países necesitan arrinconar y desbaratar ese multicrimen fronterizo. Los aparatos judiciales estatales tienen que trabajar en llave. Lo mismo la Dijín con el CICPC y la Policía con la Guardia Nacional, por ejemplo.

El otro aspecto a golpear es la economía ilegal levantada alrededor de ese asentamiento criminal. Descubrir sus testaferros, perseguir sus negocios y seguirle la ruta a los dólares que al llegar producto de la cocaína van al contrabando y otras operaciones es vital, para asestarles un golpe real y contundente.

Ahí juegan papel central los ministerios de Justicia y Hacienda, las fiscalías y las unidades antilavado de activos para cortar esa savia de millones de billetes verdes que alimenta el crimen organizado, que no sufre cuando le detienen o dan de baja a sus miembros, pero en cambio sí le duelen y debilitan los golpes económicos.

Por ahí hablamos de corrupción. Ese es otro punto de gran envergadura porque todo fracasará si la corruptela no se corta o contiene. Sobre eso debe de haber un compromiso claro y contundente de ambos gobiernos, pues así como aquí se habla de acciones corruptas entre miembros de la Fuerza Pública, allá también es famoso el cartel de los soles.

Todo eso tiene que ponerse sobre la mesa y en esta nueva fase de relaciones llevarse a la conclusión de que la construcción del presente y futuro fronterizo tiene que quedar blindado contra todos esos flagelos. 

El multicrimen fronterizo se combate con la justicia y las armas de ambas repúblicas y respetando la Constitución y la ley, en el sentido de no prestarse los agentes del Estado para actuar en contra de su pueblo poniéndose del lado del hampa organizada.

Recordemos que de nada valdrán ni los planes contundentes ni las inversiones que se hagan para fortalecer esa lucha común, si los criminales ven que quedó el resquicio de la corrupción. Confiemos en que luego de la tormenta, la calma nos traiga una floreciente frontera en todos los órdenes.

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