Cobros no autorizados en los colegios públicos donde rige la gratuidad es la denuncia que siempre por esta época del año se repite sin cesar, desconociéndose la razón para que no se le haya puesto punto final y sigan acrecentándose los motivos que llevan a pedir los denominados ‘aportes voluntarios’ a los padres de familia al momento de matricular a sus hijos.

Al comienzo de las actividades académicas de este desfalleciente 2022, en la mayoría de instituciones educativas oficiales no había personal para servicios generales para las labores de aseo y limpieza, cuya contratación de personal apenas se hizo meses después.

Al finalizar las labores educativas en noviembre, llega diciembre  como el mes en que los amigos de lo ajeno les ponen el ojo a muchos establecimientos educativos públicos que se quedan sin vigilancia porque para esta época no hay contratos para celadores.

Y dentro de la lista de consideraciones que se han escuchado para pedir el apoyo económico de los acudientes, aparece la relacionada con el arreglo del mobiliario escolar, tarea para la cual se dice que el presupuesto es inexistente.

Pareciera que la gratuidad de la educación se ha quedado corta financieramente y deja muchas zonas grises que finalmente generan que, por ejemplo, en 63 colegios públicos de Cúcuta la Liga  de Asociación de Padres de Familia se haya visto precisada a presentar derechos de petición para que expliquen las razones que los llevan a exigir esos dineros cuando están matriculando a los estudiantes.

Lógicamente debe de haber un presupuesto anual que considere este tipo de gastos en personal diferente al administrativo y docente pero que es igualmente importante para el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos de primaria y bachillerato.

En ese entendido y viendo que cada fin de año trae el mismo problema, es urgente que se haga un examen para proceder a reajustar las asignaciones que se hacen desde la Nación o buscar otras alternativas.

Lo cierto es que esto no puede descargarse en los hombros de las familias que envían a sus hijos a estudiar a esos establecimientos,  pidiéndoles $50.000, $160.000 o $270.000, tal como lo denunciara Asopadres.

Garantizar el acceso a la educación de calidad incluye el desmonte de cualquier barrera económica o de otro tipo que  pueda convertirse en factor de deserción escolar o de discriminación, puesto que se puede llegar a interpretar como un elemento para que solo quienes cuenten con el dinero puedan ir al colegio.

La lógica está en acordar con el Ministerio de Educación una estrategia que pudiera llegar a solucionar de manera salomónica y con alto contenido de mejoramiento la cobertura y la  eliminación del también eterno déficit de maestros.

Se trataría de plantearle a la autoridad nacional que cubra todas las plazas de educadores que se necesitan en el departamento, con los recursos necesarios para los meses en que los alumnos están en las aulas y así no pierdan clase porque no hay profesor.

Y, entonces, las administraciones departamental y de  los municipios en que está descentralizada la educación, asumir la contratación y pago por los tiempos también requeridos del personal de celaduría y aseo de los colegios públicos para cerrar definitivamente este capítulo, que se repite todos los años.

Esa resultaría siendo una alternativa para que las ‘cuotas voluntarias’ desaparezcan y los niños y adolescentes vayan al salón a recibir sus enseñanzas sin que nada se los impida. 

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