No cabe un preso más en las cárceles ni tampoco en los improvisados centros temporales de reclusión en que se han convertido los CAI y estaciones de la Policía Nacional y la URI, cuyo procedimiento de descongestión todavía no está definido.

Y la situación es tan delicada, que en la mesa de análisis se encuentra la sentencia T-388 de 2013 de la Corte Constitucional, que se refiere a ese grave hecho y en donde Cúcuta es una de las protagonistas. Ese fallo, todavía vigente porque la situación está igual o peor, acumuló nueve procesos de tutela presentados por reclusos de los centros penitenciarios de Popayán, Barrancabermeja, la Modelo de Bogotá, Cúcuta, Valledupar y la cárcel de Bellavista en Medellín.

Y la complejidad de la sobrepoblación carcelaria que muestra multitud de episodios en la capital nortesantandereana nos ha llevado a tener presencia en las estadísticas que maneja el Gobierno Nacional. Un reciente listado de los puestos de Policía más hacinados en Colombia, muestra punteando a Riohacha con ‘La 19’, marcando el 2.087 por ciento, y en el sexto lugar aparece Cúcuta con su estación del Centro que tenía el 613 por ciento.

Estar hasta los topes en medio de una población de internos cuyo crecimiento diario no se detiene, ha llevado a las fugas de prisioneros, sumando el elemento de inseguridad ciudadana a este estado de cosas sin resolver.

El universo carcelario descrito por el Ministerio de Justicia muestra que en el país hay 60.000 personas con detención domiciliaria mientras que 120.000 se encuentran en las celdas y pasillos de los penales manejados por el Inpec, aparte de los varios centenares que se agolpan en pequeños sitios provisionales.

Desde el Gobierno nacional se han expuesto múltiples posibilidades, entre ellas revisar las condiciones de 2.000 reclusos que ya deberían estar libres y la creación de la libertad parcial para que el detenido pueda salir a trabajar en el día. Un gasto dado a conocer por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sirve para profundizar el debate sobre el sistema penitenciario: “una persona privada de la libertad le cuesta al Estado 2,5 millones de pesos al mes”.

Dentro de la baraja de alternativas expuesta por el Gobierno aparece el de la restauración por intermedio de la educación de quienes llegan a pagar sus condenas. El ministro Osuna detalló la idea de que los internos aprendan un oficio o un arte y consigan empleo.

Lo ideal sería que la cumbre sobre la incontenible congestión carcelaria citada por la Corte Constitucional, se convierta en un foro de soluciones y alternativas inmediatas y concretas y no en un coro para repetir la problemática que ya es suficientemente conocida por el país. Lo que se necesita es acción y determinación contra este flagelo que crece como la espuma.

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