La ansiedad provocada por la reapertura del intercambio comercial en la frontera colombo-venezolana, que estuvo congelado por siete años de situaciones adversas, hoy trae nuevas urgencias.

Ahora se habla de humanizar el paso por los puentes internacionales, en beneficio de los nacionales de ambos países que están empezando a notar nuevos hechos que estuvieron invisibles durante el largo periodo de rompimiento.

Para el caso de los colombianos es urgente que se reabra en Cúcuta el Consulado de Venezuela, porque antes del rompimiento de las relaciones allí se tramitaba el permiso que facilitaba ir más allá de Peracal, en el estado Táchira.

Se trataba del famoso permiso fronterizo que era expedido hasta por 90 días para ir a Rubio, San Cristóbal y otros lugares de ese vecino estado.

Pero salta otra duda. ¿Será que irían a restablecer aquella tarjeta fronteriza que se tramitaba en el portal web del SAIME?

Esa es una misión urgente para que el embajador en Caracas, Armando Benedetti gestione ante el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La razón es sencilla. Si aquí en Colombia estamos teniendo complicaciones para tramitar y obtener el pasaporte, que en últimas sería la salvación para cruzar sin problemas, es necesario que se busque restablecer ese tipo de procedimientos que facilitaban el paso aquí.

Pero hay algo que deja un sinsabor. Y es que si un colombiano intenta cruzar a San Antonio o Ureña y solo lleva su cédula y se encuentra en el camino con la Guardia Bolivariana o con miembros de Migración Venezuela, pues no podría entrar como lo hacía antes.

Lo anterior se deduce de la siguiente publicación: “si el colombiano no posee pasaporte ya queda a discrecionalidad del funcionario venezolano permitir que entre por los puestos fronterizos de los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión”.

Y es que la duda sobre este asunto salta a la vista porque los nortesantandereanos con familia en Rubio, San Cristóbal o el mismo San Antonio o quienes traten de ir a visitar a alguien en la prisión de Santa Ana o hacer averiguaciones sobre su caso judicial, creen que la apertura del 28 de septiembre les facilita a ellos también las cosas.

Pero por lo visto y oído y analizado, a muchos les tocará seguir cruzando por las trochas porque no hay hasta el momento una solución para ello, exponiéndose a graves riesgos por esos caminos verdes.

Es por eso que el gobierno colombiano tiene que revisar con su par venezolano lo relacionado con el Acuerdo de Tonchalá, puesto que hay asuntos que se deben plantear dentro de la regulación migratoria.

La humanización pasa por esa facilitación de la vida diaria del hombre fronterizo que al pasar al otro lado debe de encontrar su consulado -hoy todavía inexistente en San Antonio y 14 lugares más de Venezuela- y que ese tránsito no implique riesgos ni trámites burocráticos engorrosos.

Al canciller Álvaro Leyva, al embajador Benedetti y a los futuros cónsules (que ojalá no se tarden mucho en llegar a sus puestos en Venezuela) les espera una ardua labor.

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