El 19 de agosto de 2015 el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia, hecho que hoy, cuatro años después, sigue impactando a los habitantes de Norte de Santander y el estado Táchira.
En 2016 se estableció un horario especial para el paso de mercancías, siendo este un pequeño alivio a la fuerte presión económica que la paralización total del comercio binacional mantenía sobre la zona de frontera.
Sin embargo, desde el 9 septiembre de 2018, no hay ni paso de mercancías ni ningún tipo de actividad comercial en las aduanas de San Antonio y Ureña, siendo los sectores aduanero y de transporte de carga pesada, los más afectados.
En el 2015 había 96 agencias de aduanas en el lado venezolano de la frontera y hoy, se estima que permanecen medianamente operativas, no más de 40.
De 22 empresas almacenadoras, cinco han cerrado formalmente sus puertas y el resto están inactivas. De acuerdo con un informe del sector aduanero regional, de 36 compañías de transporte, solo 10 cuentan con capacidad de operación, aunque con apenas el 10% de su flota, que antes era de unos 3.000 vehículos.
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Una zona de abastecimiento
Por otra parte, quienes deben pasar a Colombia para conseguir alimentos y medicinas también han padecido por este cierre, pues se complica su tránsito o los lleva usar pasos ilegales, para poder obtener los elementos que en Venezuela ya no encuentran.
Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en el área metropolitana de Cúcuta, la demanda de alimentos y productos de aseo aumentó 40 %, en las grandes cadenas de supermercados. Y en productos como el papel higiénico y la harina pan, esta demanda subió un 600 %.
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Así mismo, muchos cruzan la frontera pese a las restricciones y los cambios repentinos en estas, para obtener servicios de salud, dar a luz o poder cobrar remesas, teniendo en cuenta que Cúcuta paga más de $50.000 millones en remesas al mes.
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Polémica
Hace pocos días, una propuesta de cierre de la frontera del lado colombiano, hecha por el representante a la Cámara Alejandro Chacón, generó voces en contra.
Esta iniciativa fue rechazada por Migración Colombia, asegurando que esto aumentaría el tránsito por las trochas; por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien afirmó que generaría que las bandas cobraran otra vez por el paso de alimento y de personas, y por Fenalco, que considera afectaría la economía de empresas regionales y nacionales.
