La Quinta Teresa de Cúcuta fue tribuna este jueves para que las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro expusieran sus casos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americano (OEA), esto ante la negación del régimen de permitir su ingreso a Venezuela.
Delegados del organismo atendieron a distintas ONG que decidieron cruzar la frontera para denunciar persecución, tortura y represión por parte de los cuerpos de seguridad controlados por el Ejecutivo.
Gladys Josefina Jaimes, directora de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela, informó que hay violaciones de los derechos laborales y sindicales, así como la persecución a los trabajadores.
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“Trajimos los casos de tres compañeros del sindicato en el estado Sucre, quienes hicieron una asamblea de trabajadores para solicitarle al gobernador que los atendiera, porque se están vulnerando los derechos de los empleados. Después de esto hubo atropellos contra ellos por parte de los colectivos armados e inducidos a un carro y entregados a la Policía”.
Jaimes indicó que están aún detenidos, uno de ellos presenta una discapacidad, y los acusan instigación al odio. Añadió que solicitaron a la CIDH medidas de protección para estos líderes sindicales, pues “sus vidas corren peligro”.
“Ellos no han cometido ningún delito”, enfatizó la integrante de la Alianza Sindical Independiente, quien detalló que hay otros cinco dirigentes obreros en el exilio.
“Maduro no quiere a los trabajadores. Los trabajadores de Venezuela no tienen seguridad social y beneficios labores. En el país pagamos para ir a trabajar. El 70% de los trabajadores han inmigrado, hay clínicas y hospitales sin personal médico”.
208 militares y 120 civiles detenidos por causas políticas
(Leonardo Manrique y Gladys Josefina Jaimes, defensores de los derechos humanos en Venezuela.)
Leonardo Manrique, coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia de Venezuela y quien además fue preso político, precisó que hay 208 militares y 120 civiles detenidos por causas políticas.
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“Tenemos un régimen que persigue a todos los que piensan distinto. Los más graves de esto son las torturas que han enfrentado y ya han muerto muchas personas, como es el caso del capitán Acosta Arévalo, quien sufrió torturas que le ocasionaron fracturas en las costillas, con una hojilla le cortaron los talones y lo drogaron para que cumpliera órdenes que le dieron”, recordó.
Manrique destacó que el gobierno actúa impunemente. “Lamentablemente, tenemos un aparato represor en Venezuela y por eso sentimos un temor al pasar la frontera, porque sabemos que estamos siendo perseguidos, observados y somos un blanco constante. Yo sufrí detención arbitraria, torturas graves y heridas”, subrayó el líder social.
También agregó que, en materia de derechos humanos, el Estado no garantiza a la población el acceso a los servicios esenciales, como la alimentación, el transporte, la electricidad y el agua.
Leonardo Manrique sostuvo que, a pesar que a Nicolás Maduro no le importen las denuncias ante la Comisión Interamericana, la situación queda asentada para que la comunidad internacional ejerza presión y tome cartas en el asunto, por lo que espera que actúe con celeridad.
La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, estuvo en el puente internacional Simón Bolívar, junto a la comisionada Julissa Mantilla Falcón y el secretario Ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão, para evaluar la situación de los inmigrantes venezolanos.
Lugar de recepción de testimonios en #Cúcuta ya está listo para recibir a los venezolanos y venezolanas para denunciar las violaciones de DDHH en #Venezuela. #CIDHenVnzla pic.twitter.com/o9UDeCwChu
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