En sus cuatro años de gobierno, Donald Trump, aprobó más de 400 decretos ejecutivos para frenar la inmigración y castigar a los indocumentados.

Horas después de asumir la presidencia, Joe Biden revirtió varias de esas medidas y dio inicio a una audaz agenda migratoria que incluye un proyecto de ley para legalizar a los 11 millones de extranjeros sin papeles que residen en Estados Unidos, si no tienen antecedentes penales y pagan impuestos.

“Ahora tengo esperanzas de que me hagan justicia. Estos últimos cuatro años fueron lo peor que nos ha pasado en la vida”, dijo Aura Hernández, una guatemalteca de 39 años que en 2018 pasó ocho meses refugiada en una iglesia de Manhattan con su pequeño hijo, cuando el gobierno Trump quiso deportarla.

Uno de los decretos firmados por Biden el miércoles, horas después de asumir, detiene casi todas las deportaciones durante 100 días.

Otros frenan la construcción del muro con México, revocan la prohibición de ingreso al país para ciudadanos de varios países musulmanes, aumentan la protección de los jóvenes llamados “Dreamers” -traídos cuando eran niños a Estados Unidos ilegalmente por sus padres, y a quienes el expresidente Barack Obama protegió de la deportación en 2012, a través del decreto ejecutivo DACA- o aseguran que los indocumentados serán contados en el censo nacional.

Una tarea nada fácil

La agenda migratoria del nuevo mandatario norteamericano incluye, principalmente, un ambicioso proyecto de ley que prevé un camino de ocho años para que los indocumentados obtengan la ciudadanía.

Además, si el proyecto es aprobado, los “Dreamers” y los inmigrantes que tienen un estatus de protección temporal (TPS), así como los trabajadores agrícolas, obtendrían de manera automática la “green card” o residencia permanente, habrá más jueces migratorios para acelerar los trámites y ayuda extranjera para hacer frente a los problemas que provocan la migración, entre otras medidas.

Pero el proyecto debe ser votado por el Congreso, donde pese a su control de ambas cámaras, los demócratas deberán obtener nueve votos republicanos en el Senado para alcanzar una mayoría de 60, “una tarea hercúlea” según dijo ayer en una videoconferencia el senador demócrata Bob Menendez, principal auspiciante del proyecto en la Cámara Alta.

Menendez pidió la ayuda del empresariado para defender el proyecto, comenzando por los sectores agrícola y tecnológico, que precisan mano de obra extranjera.

El presidente de Apple, Tim Cook, responsable de la inmigración en la asociación Business Roundtable, dijo el miércoles estar dispuesto a trabajar con el Gobierno y el Congreso “en soluciones globales para reparar nuestro fracasado sistema migratorio”.

“Tras cuatro años de guerra contra la inmigración y los inmigrantes”, la agenda de Biden “es como el despertar de un nuevo día”, indicó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de la organización de reasentamiento de refugiados LIRS (Lutheran Immigration Refugee Services).

“La nube negra que teníamos sobre nuestras cabezas se ha ido”, coincidió Camille Mackler, una abogada migratoria que dirige la organización Immigrant Advocates Response Collaborative, nacida a raíz de la prohibición de viajes desde países musulmanes como Irán o Yemen.

Esperanza y cautela

Millones de indocumentados viven hace años en un limbo migratorio en EE. UU., arriesgando la deportación y sin posibilidad de ser regularizados, aunque paguen impuestos.

“Este es un gran problema migratorio que no ha sido resuelto durante décadas. Cada vez que un presidente demócrata trata de hallar un camino a la legalización, los republicanos lo hacen retroceder”, explicó Sahar Aziz, de la facultad de Derecho de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey.

Pero además de esperanza también existe cautela, pues cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), el gobierno deportó la mayor cantidad de indocumentados en la historia, más de 3,2 millones en ocho años.

Con Biden “no queremos ilusionarnos demasiado por lo que pasó antes”, dijo Hernández, la madre que se refugió en una iglesia y que ahora vive escondida en una casa al norte de Nueva York.

La estrategia para contener la pandemia

En su primera jornada de gobierno, el recién posesionado presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió una movilización como “en tiempos de guerra” para hacer frente a la COVID-19, anunciando un endurecimiento de las normas sobre el uso de mascarilla y una cuarentena obligatoria para los viajeros que entren al país.

Al firmar una serie de decretos, Biden anunció que “aquellos que viajen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y hacer una cuarentena cuando lleguen”.

La exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el gobierno anterior, pero el aislamiento era solo una recomendación.

El mandatario explicó que esta medida se debe a las nuevas cepas del virus detectadas en otros países, en un momento en que en Estados Unidos hay más de 400.000 muertos por la pandemia, una cifra que supera la cantidad de soldados estadounidenses fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Biden afirmó además que va a asegurarse de que los científicos y los expertos puedan trabajar libres de “cualquier interferencia política y que puedan tomar sus decisiones basados estrictamente en la ciencia”.

Un gesto para la OMS

La nueva administración estadounidense agradeció a la Organización Mundial de la Salud (OMS) su papel de liderazgo en la lucha contra la pandemia y le aseguró su apoyo financiero, un giro de 180 grados respecto a la estrategia mantenida por el expresidente Donald Trump.

Estados Unidos, que anunció su regreso a la OMS el miércoles, “tiene la intención de cumplir con sus obligaciones financieras con la organización”, aseguró el inmunólogo Anthony Fauci.