La Alcaldía de Ocaña, esta semana, no ocultó su preocupación por la reubicación de campesinos en los predios rurales que comprará el Ministerio de Agricultura a través del programa Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria (Sidra).

En una reunión con la Unidad de Reparación de Víctimas, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Incoder, la administración municipal planteó dichas dificultades.

La ayuda económica por $42 millones fue entregada hace dos años por el mecanismo de carta-cheque a 150 familias. Sin embargo, la ejecución del proyecto no ha iniciado porque las fincas que deseaban adquirir no fueron aprobadas.

“Cuando los campesinos postularon las tierras ante el Incoder, se hizo la verificación legal y encontraron falencias que debían ser subsanadas por el Igac”, dijo José Luis Amaya, coordinador de Desarrollo Rural.

La dificultad radica en que Ocaña requiere de una actualización catastral en el sector rural, por tanto la mayoría de las propiedades no tienen el área igual a la establecida en la escritura pública.

En total hay postulados 56 predios. “En una propiedad con solo una vivienda instalarán a más de una familia y creemos que se generarán conflictos. La Alcaldía no está en la capacidad económica de suplir este hecho”, indicó José Luis Amaya.

Además, se tendrían inconvenientes con la prestación de los servicios públicos, las concesiones de distritos de riego y saneamiento ambiental. 

El otro inconveniente recae sobre quien compre una finca de manera grupal, pues el subsidio impide venderla antes de 12 años. 

“La oferta del agua es restringida, las características de productividad de nuestras tierras no son las mejores, esto presionaría a la población a asentarse en una zona con mejor calidad del suelo. 

*La Opinión