Una vez verificadas las condiciones de seguridad, luego de la confrontación armada entre el Eln y Epl, ingresaron los integrantes de una Comisión Humanitaria a la vereda Los Cacaos, comprensión rural del municipio de La Playa de Belén.

Los moradores de esa zona vivieron durante el pasado fin de semana momentos de incertidumbre durante los enfrentamientos que dejaron dos personas muertas, un herido, tres casas afectadas, un líder social amenazado y efectos psicosociales entre los agricultores de la región.

El mandatario de esa población, Íder Humberto Álvarez García, luego de presidir un Consejo Extraordinario de Justicia Transicional encabezó la delegación, acompañado de algunos secretarios del despacho, funcionarios de la Defensoría Regional del Pueblo, Personería, Salud Pública y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para brindar el apoyo necesario a los labriegos de las veredas Los Cacaos, Miraflores y Capellanía.

Desde el año 2018, los habitantes han estado acorralados por los violentos ante las rencillas de las dos agrupaciones subversivas que se disputan el territorio a sangre y fuego para dominar los cultivos ilícitos en la apartada región.

La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 024 donde hacía las advertencias en los municipios de Ocaña, Ábrego y La Playa de Belén, pero el fenómeno está latente en los últimos meses.

“Un llamado especial a los grupos al margen de la ley para que excluyan del conflicto armado a la población civil, afectada además por la pandemia y los fenómenos naturales.

A pesar de los disturbios, ellos han decidido quedarse en casa debido a los efectos del coronavirus que no permite el confinamiento en la escuela o en el casco urbano porque estamos pasando por un pico muy alto”, indicó el alcalde.
 

De acuerdo con el censo son 135 familias con 45 menores de edad entre los cero a cinco años, los que ameritan la intervención del Bienestar Familiar para la atención integral con programas psicosociales y la restitución de derechos.

“Hay un parte de tranquilidad con la entrada de la Defensoría del Pueblo, Personería, Salud Pública y la administración municipal para hacer esa reparación del daño ocasionado por la confrontación que impacta negativamente a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores”, precisó el mandatario.

El alcalde insiste en conciliar los ánimos, porque la violencia no conduce a nada bueno. “Es injusto someter a la zozobra a la gente que día a día lucha por llevar los alimentos hasta la plaza de mercado para garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos”.  

Una vez desarrollado el encuentro con la comunidad, aplicando los protocolos de bioseguridad, el alcalde anunció un proceso de licitación para la adecuación de las vías terciarias en el programa denominado  ‘Colombia Rural’ por el monto de 5 mil millones de pesos para mejorar las condiciones de vida de los cultivadores de la zona.

El secretario de Gobierno, Eduardo Claro Jure, fue el encargado de activar esa ruta de atención integral a la población campesina encaminada a implementar y articular los componentes para el restablecimiento de los derechos humanos en el territorio.

La comunidad por su parte manifestó el temor ante los constantes enfrentamientos que se han venido presentando. Algunos de los moradores han anunciado posibles desplazamientos hasta la cabecera municipal, con el fin de salvaguardar su integridad, así como la de sus familias, por lo que desde la administración municipal se hace un llamado a los grupos en conflicto para que de común acuerdo se llegue al diálogo como herramienta fundamental para la construcción de escenarios de paz.

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