La plenaria de la Cámara de Representantes le dio el aval al proyecto de ley por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como métodos de corrección contra niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, que es autoría del representantes el liberal Julián Peinado, tiene fines pedagógicos y no sancionatorios, por lo que se busca hacer especial énfasis en la formación.

“El proyecto busca cubrir un vacío y es que actualmente si un adulto excede su derecho a la corrección sobre un niño puede ser objeto de consecuencias penales, pero nadie le ha enseñado a ese papá cómo puede educar a ese hijo sin golpes y sin gritos. Con este proyecto buscamos que el Estado le dé herramientas a los papás y los guíe en pautas de crianza positiva y respetuosa, lejos del castigo físico. Hacemos énfasis en la prevención”, explicó el representante Peinado.

Peinado insistió en que el proyecto no es de carácter punitivo, sino pedagógico y cultural, entendiendo que la mayoría de los cambios a largo plazo se promueven desde la familia.

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La iniciativa al inicio de su discusión se pretendió suspender por algunos representantes que estimaban que los cambios propuestos por una subcomisión no se había discutido, pero finalmente fue derrotada esa postura y permitió abrir la votación.

El ponente del proyecto, Harry González, manifestó que “ahora inicia un proceso de transformación cultural que nos va a permitir fortalecer la idea de que la formación de los niños y niñas se debe basar en el amor, en el afecto y en el respeto, no más castigo físico porque es un generador de violencia terrible”.

Por su parte el representante a la Cámara, Carlos Eduardo Acosta, del partido Colombia Justa y Libres, se opone al mismo, por considerar que el mismo es innecesario porque ya hay normas en la legislación sobre el castigo físico a los menores. Igualmente la ve como inconveniente porque se impone un modelo de formación que está queriendo fijar el Estado y por último sostiene que esta ley se debe tramitar como estaturia y no ordinaria, porque se habla de dos derechos fundamentales.
Ahora el proyecto pasa al Senado de la República en donde debe cumplir sus dos próximos debates para convertirse en ley.