Tras semanas de tensión y disputa, el fiscal Francisco Barbosa le bajó la temperatura al caldeado debate que ha venido sosteniendo con Gustavo Petro frente a su política de paz total. En esa línea, ratificó que no le dará tratamiento político a las bandas criminales e insistió en que se deben someter a la justicia.

Si bien la disposición de diálogo y un ánimo de concertación marcaron el encuentro que sostuvieron este lunes durante más de dos horas en la Casa de Nariño, lo que terminó por desescalar la tensión y zanjar sus diferencias fue un acuerdo para tramitar en el Congreso una ley de sometimiento a la justicia.

Lo anterior, tras la controversia y los reparos que subieron de tono luego de que Barbosa se negó a levantar las órdenes de captura contra 16 jefes paras –algunos de ellos extraditables e integrantes del ‘clan del Golfo’ y ‘los Pachenca’–, por no contar con estatus político para una negociación de paz.

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Según detalló el fiscal, quien reivindicó que la entidad que dirige “acompaña todos los esfuerzos en términos de paz”, la iniciativa será el marco jurídico que permitirá levantar las órdenes de captura y avanzar en diálogos que permitan superar la conflictividad social, como propone Petro.

“No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, no existe un marco jurídico constitucional para hacerlo. Debemos fijar un procedimiento porque no se está negociando con actores delincuenciales ordinarios”, dijo, precisando que “la Fiscalía tendrá voz en el Congreso para determinar cuáles son los elementos que debe tener esa reforma”.

En ese sentido, Barbosa explicó que los “contenidos básicos” que deberá contener la iniciativa implican una justicia retributiva –es decir, cárcel, pero con “penas diferencias”–, insistiendo en que no se le puede dar un tratamiento de proceso de paz a un mecanismo para lograr que delincuentes se sometan a la justicia.

“En Colombia lo que ha habido son sometimientos a la justicia. El caso de Pablo Escobar, en el 93, se sustentó con decretos de sometimiento. En el gobierno de Álvaro Uribe, con la Ley de Justicia y Paz, hubo un sometimiento de los paramilitares.”, explicó el fiscal.

Además de ese componente retributivo, Barbosa indicó que Petro estuvo de acuerdo con que en la ley se incluya un punto para que las organizaciones criminales detallen “quiénes son los invisibles” detrás de los negocios del narcotráfico, de cara a que se señalen con nombre propio a empresarios y a quienes se estén lucrando con ese negocio.

También ratificó que la iniciativa no puede garantizar elegibilidad política para los eventuales beneficiarios: “No podemos repetir los Mancusos yendo al Congreso, ni los don Berna”, concluyendo que la ley debe fundamentarse en la verdad, la reparación a las víctimas y garantías de no repetición, que incluye información sobre los modelos económicos ilícitos y las rutas de narcotráfico.

Barbosa declaró que el Presidente se comprometió a no adelantar negociaciones políticas con narcotraficantes, ni a solicitar más levantamientos de órdenes de captura hasta tanto se superen los debates en el Congreso para viabilizar la ley.

Las otras preocupaciones

El fiscal Francisco Barbosa también habló con Petro sobre los decretos que firmó a principio de año para que, en el marco de su paz total, hubiese un cese al fuego con varias organizaciones alzadas en armas y que, entre otras, han implicado que la Fuerza Pública suspenda su accionar legítimo contra varios violentos.

Justamente, al criticar ese alto al fuego, la semana pasada desde Estados Unidos –donde se reunió con su par en ese país, el fiscal Merrick Garland– Barbosa llegó a decir que “nunca antes” se había hecho tal acuerdo con organizaciones narcotraficantes y lo equiparó a que, en los años 90, se hubiera hecho un cese bilateral “con Pablo Escobar o el Cartel de Cali”.

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De acuerdo con el fiscal, en su encuentro con el jefe de Estado planteó la preocupación por ese alto al fuego con “narcotraficantes que han violado los derechos humanos” y calificó como “lamentables” los resultados operativos que han logrado las autoridades en su lucha contra el crimen, dejando entrever que se trata de un coletazo de los ceses.

“Le mostré al presidente las cifras. Nosotros, en promedio, logramos incautar entre 22 y 25 toneladas de cocaína mensualmente. Este mes llevamos 12. Por otro lado, se destruyen, en promedio, más o menos 170 laboratorios cada mes. Pero hoy solo se han destruido 12 (...) También le informé que tenemos 2.260 órdenes de captura sin ejecutar”.

El jefe del ente investigador precisó que Petro comparte su preocupación y que el compromiso es mantener la actividad judicial de la Fiscalía, que incluye “la captura de cualquier persona que viole derechos humanos”. Adicionalmente, que haya una delimitación territorial para el accionar de las autoridades. “Vamos a evaluar con el presidente, mensualmente, cuáles son los resultados”, dijo Barbosa.

“Hay un cese, pero sigue ofensiva”

Si bien el Presidente no se refirió al encuentro ni respondió lo dicho por el fiscal, quien sí se pronunció fue el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien también hace las veces de portavoz del Ejecutivo.

Tras un consejo de seguridad para evaluar el primer mes del cese bilateral con la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas (AGC) y el grupo Sierra Nevada, el funcionario ratificó que, pese al alto al fuego, “sigue la ofensiva frente al narcotráfico, el contrabando, la extorsión y la minería ilegal”.

En ese sentido, destacó que “se han reducido en forma sustancial” los ataques, afectaciones y homicidios en medio del conflicto. Según Prada, mientras en enero de 2022 hubo 3 muertos y 40 heridos por cuenta de las acciones de los grupos armados, este mes solo se han registrado 12 afectaciones: dos personas muertas y nueve heridos.

“Hay una baja sensible que nos permite concluir que se ha protegido la vida y la integridad de varias decenas de miembros de nuestra Fuerza Pública”. A ello se suma, explicó el ministro, que las masacres se redujeron un 50 % y que, contrario a lo dicho por el fiscal, se han incautado 52.5 toneladas de cocaína a lo largo del mes, 7 toneladas más frente a enero del año pasado.

“Me complace anunciar que en 2022 llegamos a una cifra histórica de incautación de cocaína: 671 toneladas el año pasado. Ello significa que han dejado de ingresar a las arcas de los criminales más de 2.000 millones de dólares (...) también se han inmovilizado 35 aviones para el tráfico de droga y hemos incautado contrabando por valor de $17.540 millones”.

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