Hace dos semanas, los cultivadores de coca, marihuana y amapola de 14 departamentos se reunieron en Bogotá para crear la Coordinadora Nacional de Cultivadores y desde allí hacerle frente a los incumplimientos del Gobierno, la campaña de erradicación que se viene adelantando y exigir el cumplimiento del acuerdo de paz.

Sin embargo, cuando apenas empiezan a encender motores y preparan su primer encuentro nacional en el que harán el lanzamiento oficial de la asociación y definirán aspectos claves para su funcionamiento, el Gobierno les envió un fuerte mensaje en el que advierte que este tipo de colectivos tendrá que desaparecer, puesto que se pondría en juego la implementación de lo pactado en Cuba.

“Si el propósito es sustituir la coca, no tiene sentido crear organizaciones de campesinos que la defiendan, pues el acuerdo de La Habana lo que busca es cambiar esa situación. Entonces, la asociación tendrá que desaparecer”, aseguró Eduardo Díaz Uribe, director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, en diálogo con El Tiempo.

Y es que la creación de Coccam, como se lee la sigla de la coordinadora y de la cual hace parte Ascamcat, se dio justamente en momentos en que avanza el proceso de desmovilización de las Farc en buena parte de las zonas en las que los cultivos ilícitos tienen una gran influencia, como Norte de Santander,  razón por la cual fue necesario buscar acuerdos de sustitución con los cultivadores.

En ese sentido, para el funcionario de Gobierno, la creación de asociaciones como esta lo que hace es que los procesos para dejar atrás la actividad ilegal se demoren más, haciendo que los principales beneficiarios sean las redes del narcotráfico que buscan copar los espacios dejados por las Farc.

“La sustitución de cultivos no es cambiar caña por café, sino cambiar un producto ilegal por uno legal. Es preocupante que se creen asociaciones alrededor de una actividad ilícita”, señaló.

Insistió en que la presencia de los cultivos ilícitos pone en riesgo el proceso de paz “en la medida en que los grupos ilegales traten de copar estos territorios”.

Recordó que el Gobierno está ofreciendo apoyos en materia de seguridad alimentaria y el financiamiento de proyectos productivos de ingreso rápido y de largo plazo, a cambio de que se abandonen estas siembras ilegales.

Sin embargo, en algunos sitios como Caño Indio, la vereda de Tibú seleccionada para ser Zona Veredal Transitoria de Normalización, las pretensiones de los cultivadores resultaron mucho más altas que las posibilidades del Estado y por esta razón no ha sido posible llegar a acuerdos, como sí sucedió en otras regiones, lo que obligó su traslado.

Piden no estigmatizar

Tras las declaraciones de Eduardo Díaz, la  Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), salió en defensa de sus integrantes y advirtió que las familias que obtienen su sustento de los cultivos ilícitos, lo hacen  porque es la única forma de mantener sus hogares, ante el abandono del Estado.

“No somos narcotraficantes, somos trabajadores dispuestos a apoyar una sustitución concertada que traiga beneficios a los departamentos que sufren el abandono estatal”, señalaron.

En ese sentido, le pidieron al Gobierno que no los estigmatice, puesto que ellos más que nadie ven en el acuerdo de paz una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

“Crearemos desde la Coccam propuestas para la implementación del punto 4 de los acuerdos de paz y apoyaremos totalmente las estrategias de sustitución concertada. Esperamos que cese la estigmatización”, manifestaron.