De acuerdo con un informe de la Fundación Conflict Responses (CORE), existe una clara evidencia de que el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia han fortalecido su control social en algunas zonas del país gracias, en parte, a los ceses al fuego y a la reducción de operaciones militares en su contra.
Este control se ha traducido en aparentes acciones de autoridad, con los que estos grupos suplantan al Estado, como carnetización de comunidades, imposición de una “cédula paralela” para acceder a ciertas áreas, regulaciones a la tala de árboles y hasta centros de rehabilitación en los que son internadas obligatoriamente las personas con problemas de drogadicción. Todas estas acciones fueron documentadas por CORE.
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En Argelia (Cauca), la fundación conoció el caso de una persona que tenía su cédula oficial, otra para la zona de operaciones del Frente Carlos Patiño del EMC y una tercera para la zona que controla el Frente Diomer Cortés de la SM52. En Guaviare y sur del Meta, el EMC también ha presionado a algunas Juntas de Acción Local para que carneticen a sus afiliados.
El autodenominado Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, también ‘regula’ las rentas ilegales de la tala de árboles en la Amazonia. De esta manera puede controlar la tala de miles de hectáreas, y aumentarla o disminuirla, como mecanismo de presión al gobierno en la mesa de negociación.
A esto se suma un hecho que los investigadores de CORE consideran como “un nivel jamás visto en años en Colombia”, en donde el Frente 33 que opera en Norte de Santander hace obras de infraestructura y, según denuncias de habitantes en la zona, tiene tres “centros de rehabilitación” a los que lleva consumidores de droga y otras personas acusadas de cometer pequeños delitos. Los ponen a hacer trabajo físico, entre otras tareas y pueden recibir castigos de tres, seis meses o hasta un año.
Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses CORE, explica que este nivel de gobernanza no se vio ni siquiera en las épocas de las extintas Farc y considera que le pueden servir a esa organización para fortalecerse en la mesa de diálogo.
“Esa gobernanza es fundamental desde el control político de la población para que los grupos puedan sacar legitimidad. Buscan conseguir finanzas, tratar de tener una base social y realmente están tratando de mostrar que son una competencia al Estado. Eso tiene muchas implicaciones en el poder que tienen al llegar a la mesa de negociación, porque no solamente es la correlación de fuerzas en el aspecto militar, que es la medición tradicional, sino también esa correlación de fuerzas políticas”, asegura.
Estos son solo tres elementos que muestran cómo el Estado Mayor Central ha mostrado un avance significativo en sus tropas, pasando de 14 frentes en 2021, a 26 en 2024.
Dicho crecimiento está directamente relacionado con el aumento de los lugares donde el grupo armado tiene injerencia en el país, especialmente en el oriente antioqueño y el sur de Bolívar, donde ahora operan los frentes 4, 24 y 37. Además, crearon en 2023 los frentes Darío Gutiérrez e Iván Díaz en el Huila, con el fin de establecer un corredor claro entre sus unidades en Cauca y las del oriente. “Hace poco, el Frente Primero y el Frente Carolina Ramírez empezaron a tener mayor injerencia en Amazonas, especialmente en las zonas vecinas de Guaviare, Caquetá y Putumayo”, explica el informe.
En la otra orilla de la guerra está la Segunda Marquetalia, que reporta un estancamiento de sus unidades criminales, al pasar de 12 en 2021 a máximo 15 actualmente. El informe da cuenta de que “es difícil señalar dónde la SM tiene una clara expansión territorial desde el 2021”, debido a que no ha podido avanzar como en Nariño o Cauca, y ha perdido otras como el Frente 18 que pasó de la SM al EMC en abril de 2023.
Según Johnson, las causas del crecimiento del EMC se deben al reclutamiento de hombres de esas mismas regiones, para luego crear otras unidades. Esto ayuda a que se tenga más conocimiento de la zona, contar con una estrategia que implica la unión de unidades locales y lograr así un control más rápido en las regiones.
“Esto se da porque ellos pudieron lograr un control más rápido de algunas zonas y tienen un poder económico y militar supremamente fuerte y han podido fortalecerse internamente a través del tiempo, pero también en sus relaciones con las comunidades. No quiere decir que la relación con las comunidades sea buena porque hay muchos roces, muchos problemas y mucha violencia de por medio. Poder fortalecer esa relación les ayuda a crecer bastante y realmente en varias zonas del país no han perdido disputas con otros grupos armados, salvo el caso de Arauca”, dice.
El investigador también asegura que existe más debilidad y estancamiento en la Segunda Marquetalia, que tiene unidades en Caquetá, Guainía, Meta y otras zonas del país. Esto se debe a que el grupo al mando de Iván Márquez, “tiene unidades muy pequeñas y un alcance territorial muy limitado”.
A esto se suma que muchos de los líderes de la Segunda Marquetalia están en Venezuela, lo cual les da un poder financiero por sus operaciones, pero poco control interno y expansión en varias zonas de Colombia, que ya están bajo dominio del EMC.
“De la SM han enviado personas desde afuera o de otras zonas del país y no les ha funcionado tan bien. Muchas redes económicas que maneja la segunda Marquetalia están en Venezuela, no todos, pero sí muchos y eso no les ayuda para fortalecerse, por ejemplo en Buenaventura, o en Barrancabermeja”, explica Johnson.
¿Qué buscan estos grupos armados?
El informe de la Fundación Conflict Responses da cuenta, además, sobre las diversas motivaciones de la Segunda Marquetalia y del Estado Mayor Central, que van más allá de las ganancias de las economías ilícitas.
En el caso de la SM, su líder Iván Márquez tiene un interés propio de que, al volver de la guerra tras los acuerdos fallidos en La Habana, el miedo de ser capturado con fines de extradición sigue latente. A esto se suma su interés en ser el comandante natural de cualquier grupo armado que tenga las iniciales de las Farc- EP.
Además del obvio interés económico por el control del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, en el caso del EMC parece que existen unas motivaciones emocionales de tener un acuerdo que lo diferencie de las extintas Farc.
“No está claro qué busca el EMC con su proceso de negociación. Es más, es posible que el grupo sepa más lo que no quiere: no busca curules en el Congreso, como las Farc, ni está de acuerdo con la idea de firmar un solo acuerdo final que se implemente una vez firmado. Tampoco quiere un modelo de dejación de armas como el de la antigua guerrilla, ni están a favor de una negociación fuera del país”, revela el informe.
¿Fallas del cese al fuego y de la Paz Total del gobierno Petro?
Para Kyle Johnson, los ceses al fuego que tantas críticas han generado por sus incumplimientos y la condición en que dejó a las Fuerzas Armadas, son solo uno de los puntos que ayudaron a este mayor crecimiento de las disidencias.
“Los ceses obviamente implican que la fuerza pública no puede actuar contra los grupos armados e incluso, cuando no había ceses, la fuerza pública estaba muy quieta y por distintas razones. Pero cuando vemos una política de seguridad nueva que no viene implementada ni ha sido operacionalizada, lo que uno ve es que en la zona donde el Estado Mayor Central ya tenía control hegemónico, se han podido fortalecer en lo económico y lo político y hasta cierto punto en lo militar”, explica.
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A esto se suman otros factores como las disputas de varios grupos armados y el aprovechamiento de acciones criminales de extorsión, reclutamiento, secuestros, ataques armados y otros, debido a la poca articulación del Gobierno Nacional.
Según el informe, los ceses al fuego son altamente vulnerables, debido a la existencia de mecanismos de verificación que no funcionan o que tienen dificultades para evaluar las violaciones.
“Aún les falta fortalecer mucho los mecanismos de verificación y tiene que haber algo de consecuencias por las violaciones del cese. Las consecuencias pueden ser políticas o algo que desincentive que siga la violencia en el terreno. Los ceses son un elemento, pero no son el único que ya han mostrado algunas debilidades y afectaciones a la población civil en el territorio, a pesar de las prohibiciones de violar el DIH”, explica Johnson.
Asimismo, el investigador de CORE asegura que el gobierno debe buscar otras formas fuera de las mesas de negociación para proteger a las poblaciones en varios departamentos del país, que siguen siendo afectadas por la violencia, a pesar de que hay acuerdos firmados con estos grupos armados.
“Se deben buscar estrategias por fuera de las mesas que puedan proteger a la población, pero fuera de la Mesa porque si lo atas a la mesa solamente queda el tema en la participación. Hay muchas cosas que se pueden hacer en términos de prevención, de fortalecimiento de la sociedad civil, local, de protección, etcétera, por fuera de las mesas para que por lo menos en los territorios, se empiece a sentir que realmente una mejoría a raíz no solamente las negociaciones, sino de la paz total, la política de seguridad y de este Gobierno en general”, sostiene.
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