Apenas un día después de que se conociera la renuncia del gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, Jairo Pinzón López, los habitantes de ese municipio volvieron a ser sorprendidos con una decisión que compromete al principal centro médico de la Provincia.
La Superintendencia Nacional de Salud asumió nuevamente la intervención de la ESE, luego de que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dejara sin efecto la tutela que había puesto en el congelador ese proceso y que le permitió a Pinzón López reintegrarse a sus funciones a finales de enero pasado.
El trámite se inició en noviembre de 2020, luego de que se identificaran 87 hallazgos de tipo administrativo, financiero, jurídico que ponían en riesgo la atención de los usuarios y los recursos del sistema de salud, pero ha sido objeto de un abierto debate, pues hay quienes consideran que esta decisión obedece más a un pulso político que a un verdadero saneamiento.
No obstante, el agente interventor, Yamil Roberto Blel Cervantes, entregó un parte de tranquilidad sobre el trabajo que están haciendo.
El funcionario, quien ayer mismo retomó las riendas del Hospital, dijo que el 10 de mayo deberá estar plenamente ejecutado el plan de acción diseñado para enderezar el rumbo del centro médico.
“Seguimos con el plan de acción de mejoramiento para subsanar los hallazgos y entregar a la Gobernación un hospital viable y sostenible. Queremos facilitar el diálogo directo con el gobernador y la Asamblea para explicar cómo lo encontramos, dónde estamos y las estrategias para mejorar las condiciones. Es un trabajo conjunto de la sociedad, comité de usuarios y los gobernantes para superar el trance, por el bien de todos los ocañeros”, manifestó.
El agente interventor insistió en que los servicios de salud no se verán afectados y dijo que “el esfuerzo se hace con el fin de ampliar la oferta de servicios para que los pacientes no tengan que ser remitidos hacia otras regiones del país”.
‘El Hospital no está en crisis’
El fallo que revive la intervención forzosa administrativa del Emiro Quintero Cañizares se constituye en una nueva estocada para el recién retirado gerente de esa Empresa Social del Estado, Jairo Pinzón López, a quien la presión de los procesos en su contra lo forzaron a presentar su carta de renuncia el lunes.
El exfuncionario, sin embargo, se rehúsa a admitir que se trate de un pulso perdido con la Supersalud y dice que todo lo que ha ocurrido obedece a una persecución política orquestada por sus detractores, quienes lo llevaron a apartarse del cargo para “alimentar apetitos personales y no mejorar los servicios a la comunidad”.
Pinzón aseguró que el Hospital no está a punto de colapsar, ni está en bancarrota como lo pretende hacer ver la Superintendencia “en su intromisión injustificada”.
Dijo que el agente interventor y sus asesores están propiciando un “desangre presupuestal” en la ESE con los elevados sueldos que ostentan, en detrimento del centro asistencial.
El exgerente anunció que se dedicará a limpiar su buen nombre y a tener una vida familiar tranquila, alejada de toda actividad pública.
‘Más caro el remedio que la enfermedad’
Si bien la administración de Jairo Pinzón era objeto de duros cuestionamientos y de investigaciones en los diferentes entes de control, el regreso del agente interventor, Yamil Roberto Blel Cervantes, no fue bien recibido del todo en Ocaña y en el departamento, pues hay quienes consideran que con la decisión de la Superintendencia, “salió más caro el remedio que la enfermedad”.
El presidente de Anthoc en Norte de Santander, Aristides Hernández Duarte, dijo que no comparte este tipo de procesos en instituciones que no atraviesan una crisis financiera y consideró que solo obedece a disputas entre dirigentes de la región, en detrimento del patrimonio del centro médico.
El líder sindical reprochó que el agente interventor haya reclamado $67 millones por el último mes laborado, más $37 millones de honorarios, “sin contar las cifras astronómicas pagadas a los asesores”, del presupuesto del Hospital.
Hernández consideró que Blel Cervantes también debe responder por qué suspendió un contrato de vigilancia de seis meses por $192 millones, y lo remplazó por uno de $198 millones para ser ejecutado en apenas tres meses.
“No tienen buenas intenciones de sanear, al contrario, quieren liquidarlo para privatizarlo como ocurrió en el Hospital Universitario de Santander”, alegó.
El exconcejal de Ocaña, Orlando Carrascal Carvajalino, también opinó que nada bueno le traerá la intervención al Hospital.
“Cómo es posible que el agente interventor gane sueldos exorbitantes, más que un presidente de la República y los asesores superen la cifra que el propio gerente. Así no se va a mejorar un servicio. Las experiencias en otras regiones del país no han sido buenas y, al contrario, han dejado una amarga experiencia de manejos politiqueros”, agregó.
El Hospital Emiro Quintero Cañizares fue intervenido por la Supersalud el 11 de noviembre de 2020, pero el saliente gerente Jairo Pinzón interpuso una acción de tutela reclamando su derecho fundamental al debido proceso.
El 15 de diciembre, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta falló a su favor y ordenó no solo suspender los efectos jurídicos de la intervención, sino reintegrar a Pinzón al cargo.
Como esto no se cumplió por todas las partes, el Juzgado abrió formalmente un incidente de desacato y el 13 de enero el Tribunal Administrativo profirió un auto de cúmplase, razón por la cual el entonces gerente regresó a sus funciones el 22 de enero.
La tutela fue apelada por la Supersalud, al considerarla improcedente, y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le dio la razón, al determinar que durante las actuaciones administrativas adelantadas por el ente de control y vigilancia “no existió vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del actor”.
