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Política
¿Por qué Petro busca “revivir” la Ley de Justicia y Paz?
Gobierno se debate entre presentar un nuevo proyecto o apoyar ley que impulsó Uribe.
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Colprensa
Colprensa
Miércoles, 26 de Julio de 2023

El Gobierno de Gustavo Petro está decidido a desmovilizar a los grupos narcoparamilitares a como dé lugar, incluso si eso implica revivir una vieja ley del expresidente Álvaro Uribe Vélez que él ha criticado hasta el cansancio.

Luego de que el proyecto de sujeción a la Justicia se hundiera en el Congreso por falta de tiempo, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, evalúa dos posibles caminos: volver a presentar una propuesta similar eliminándole de raíz puntos polémicos, o presentar otro proyecto para “revivir” la Ley 975 de 2005 conocida como Justicia y Paz.

Se conoció que Rueda está citando a una reunión con las fichas claves de la paz total para tomar la decisión definitiva.


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Si se deciden por retomar Justicia y Paz, Petro terminaría cediendo a impulsar una ley que él mismo ha señalado de “generar impunidad para los narcotraficantes” y con la que ha hecho campaña en contra de Uribe, su histórico adversario político.

Pese a ese costo, dicha alternativa parece mejor que presentar un proyecto de ley desde cero porque Petro no solo perdió mayorías en Senado y Cámara, sino que tendrá que lidiar con un presidente del Senado que podría retrasar la discusión de las iniciativas que presente el Gobierno.

Así lo explicó el senador Ariel Ávila en diálogo con este diario. “El problema de una nueva ley es que las mayorías en el Congreso son muy débiles y esto generaría un debate muy grande. Yo, de todos modos, soy partidario de la nueva ley, pero entendería que las mayorías no están garantizadas y que sería un escenario complejo. Respecto a Justicia y Paz, es una norma que ya fue aprobada en el gobierno Uribe y que pasaría más fácil con algunos cambios”, dijo.

Sin embargo, el mismo Ávila, perteneciente a la coalición de Gobierno, reconoce que Justicia y Paz ha sido fuertemente criticada e impopular, por lo que, en un inicio, parecería una contradicción apoyarla.

 

Los cambios a la ley de Uribe

Así las cosas, el pensado de Rueda sería ampliar la vigencia de esa Ley 975 de 2005 y darle competencia sobre los grupos narcoparamilitares herederos del paramilitarismo. Entre ellos, grupos sin carácter político como el Clan del Golfo y Los Caparros.


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Sobre este último punto el abogado penalista Michel Pineda, quien ha servido de intermediario entre los exjefes paramilitares recluidos en cárceles de los Estados Unidos y el Gobierno, opinó que “cualquier iniciativa de este tipo sería inútil si no se les reconoce el estatus político a los grupos paramilitares”. Según la tesis que él ha defendido desde hace varios años en la corporación Compromiso Colombia, “si el país reconoce el estatus político de los grupos insurgentes que se levantaron contra el Gobierno, también debería haberlo para los grupos que se armaron para sustituirlo”.

Sin embargo, Ávila fue enfático con que ese punto es inviable en cualquier escenario y que el hecho de que los “paras” vayan a una justicia restaurativa no es posible. “Ellos irán a la justicia ordinaria. Tanto en la nueva ley como en la de Justicia y Paz el ente que los juzgaría es el mismo: la Fiscalía”, dijo el vicepresidente de la Comisión de Paz.

Por ahora, queda la duda de si reabrir ese proceso de Justicia y Paz también implicaría tocar los procesos de personajes como Salvatore Mancuso, un exjefe paramilitar que se desmovilizó con esa ley.

El movimiento no sería raro si se tiene en cuenta que el jefe de Estado lo nombrará como gestor de paz y que, además, ha dicho en varias ocasiones que “el proceso que inició Uribe aún no ha terminado” y que hay que buscar cómo darle cierre.

Mientras esas claridades se dan, se espera que la reunión con Rueda ocurra esta misma semana o a principios de la siguiente para definir la ruta: “al final apoyaremos como bancada lo que el presidente decida, pero será una batalla difícil en cualquier escenario”, concluyó Ávila.

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