Todo parece indicar que la consulta que elevó el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, a la Corte Constitucional, sobre la competencia  o no de la corporación para estudiar las objeciones del Gobierno a la ley estatutaria de la JEP, sí será resuelta.

Según se conoció el martes, el encargado de analizar la solicitud del congresista liberal fue el magistrado Antonio José Lizarazo, quien este miércoles, en Sala Plena, dará a conocer su respuesta, a fin de que sea sometida a consideración por el resto de sus compañeros.

Versiones de medios coinciden en que la respuesta de la Corte a Chacón es que el Congreso de la República le debe devolver al presidente Iván Duque el proyecto de ley para su respectiva sanción, toda vez que en este caso la norma no puede volver a debate en el Senado y la Cámara.

En el proyecto de respuesta se advertiría que aunque el jefe de Estado sí tiene facultades para objetar leyes estatutarias, en circunstancias especiales como las que rodean la Jurisdicción Especial para la Paz, que surgió a partir de la firma de un acuerdo de paz, y que fue aprobada por el Legislativo mediante un procedimiento particular como el ‘fast track’, no lo podría hacer.

“En materia de paz hay que ejercer las competencias de buena fe y sin abusar de las mismas, más aun cuando el Acto Legislativo 02 de 2017 señala que todas las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”, señala uno de los apartes de la respuesta a la consulta que fue divulgada por RCN Radio y la FM.

Este mismo documento  señala que, “El Gobierno no cumplió con la carga argumentativa de precisar por qué son inconvenientes las sentencias de la Corte”.

Además, aclara que para el alto tribunal “existe en este caso cosa juzgada constitucional, de acuerdo con el Artículo 243 de la Constitución, según el cual, los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.

Revuelo político

Aunque solo hasta hoy se conocerá a ciencia cierta si este proyecto de respuesta es real y si en verdad la Corte Constitucional dejará sin piso las seis objeciones del presidente, las posibilidades de que se dé una respuesta por parte del alto tribunal agitaron el panorama político en el Congreso.

Uno de los primeros en salir a reprochar la eventual posición de la corporación fue el jefe del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe Vélez, quien dijo que la Corte fue instituida para salvaguardar el Estado de Derecho y no para derogarlo.

“La Corte Constitucional, por atender a un Gobierno comprometido con las Farc, aceptó que un plebiscito pudiera ser sustituido por una proposición del Congreso y ahora algunos pretenden que le arrebate las competencias al presidente de la República”, dijo.

A la postura del expresidente se sumaron otros congresistas del uribismo, como el senador José Obdulio Gaviria, quien recordó que en las democracias son los partidos los que expresan su acuerdo o desacuerdo con las decisiones judiciales.

“¡El mundo al revés! En Colombia, la Corte Constitucional expresa su acuerdo con el partido político de sus simpatías. A eso, en plata blanca, lo llaman prevaricato”, dijo.

La senadora Paola Holguín también recordó que el alto tribunal no es un órgano de consulta, pues este se pronuncia es a través de sentencias y en el caso de la JEP ya lo hizo.

En ese mismo sentido se refirió el abogado Rafael Nieto, quien señaló que, “La Corte no tendría ni siquiera que haber estudiado la solicitud del presidente de la Cámara. Si la Corte trata de impedir el estudio de las objeciones por el Congreso, estaría prevaricando”.

Los contradictores de las objeciones, como el senador de la U, Roy Barreras,  dijo que lo que espera es que los magistrados se pronuncien cuanto antes, porque la incertidumbre que se ha desatado, no le conviene a la paz.