La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario y suspendió provisionalmente por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

Según lo informó la Sala Disciplinaria de Instrucción, “el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.

El ente de control profirió cargos al Ministro por decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

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Recalcó que la decisión se tomó “en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes”.

Cabe resaltar que luego de las fallidas audiencias de conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons, la entidad afectada denunció al Estado por más de $117 mil millones por presuntos daños y perjuicios para declarar desierta la licitación de pasaportes.

¿Qué había dicho el abogado de Leyva?

La defensa del canciller le había solicitado a la Procuraduría –en audiencias previas– el cierre y archivo de este proceso disciplinario. Alegaba que la Procuraduría tiene competencias para indagar sobre las posibles faltas disciplinarias de los funcionarios y no para pronunciarse sobre la legalidad o no de un proceso contractual, función que le corresponde, por ejemplo, al Consejo de Estado.

“El señor ministro de Relaciones Exteriores tenía la potestad para declarar la suspensión del proceso contractual, lo que resultó necesario cuando reasumió la competencia que había sido delegada en el secretario general. Facultad que fue ejercida de una manera razonable y por un término muy corto para evaluar la situación y tomar una decisión de fondo”, había dicho el abogado de Leyva, Mauricio Dueñas.

Mientras este proceso avanza, en otra orilla, continúa la posibilidad de que Thomas Greg & Sons –única oferente del fallido proceso licitatorio– emprenda una millonaria demanda contra el Estado porque, considera, se le vulneraron sus derechos como contratista cuando quedó desierto el proceso de licitación.

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