El presidente Gustavo Petro abrió una ventana que cuestiona si es posible, como lo indicó en su discurso, convocar una Asamblea Constituyente en Colombia, pues según el mandatario el país debe de ir hacia este camino. 

“Si las instituciones que tenemos hoy en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillando, es la institución la que cambia”, fueron las palabras de advertencia de Petro en un largo discurso que pronunció este viernes en Cali frente a la minga indígena.

Se trata de la primera vez, desde que asumió el Poder, que Petro habla abiertamente de esta idea. En el pasado, el fantasma de la Constituyente había hecho ruido sobre su campaña presidencial, tanto que el entonces Petro candidato se comprometió, incluso con una firma simbólica sobre mármol, a ni siquiera plantear este escenario si llegaba a la Casa de Nariño.

La figura de la Asamblea Constituyente es un mecanismo que contempla la misma Constitución para la reforma o la modificación de la Carta Magna.

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En este sentido, el artículo 375 de la Constitución Política establece que la Constitución puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o mediante referendo popular.

Para convocar una Asamblea Constituyente y llevar a cabo la modificación constitucional, tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que convoque a elecciones en las que los ciudadanos decidan sobre la pertinencia de establecer dicha Asamblea.

Según la Constitución Política de Colombia, en su artículo 376, el Congreso puede disponer que el pueblo decida en votación popular si desea convocar una Asamblea Constituyente. La ley para llamar a las urnas a los colombianos tendría que ser aprobada por la mayoría de los miembros de las dos Cámaras y, antes de ser sancionada, tendría que surtir un control constitucional en la Corte Constitucional.

Sin embargo, ahí es donde se complica para el presidente, pues Petro no tiene suficiente apoyo de los magistrados en la Corte Constitucional para que le aprueben la constituyente.

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Y sin duda, las palabras del presidente Petro avivaron opiniones de los senadores sobre la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente en Colombia, solo porque las reformas sociales del “Gobierno del Cambio” no avanzan en el Congreso.

Y es que, según el senador Humberto de La Calle, “la causa que alega el Presidente para convocar una constituyen es la imposibilidad de cumplir la Constitución, según su propio dicho. El argumento es débil. Si fuese cierto, no es la Constitución la que hay que cambiar, sino la forma de gobernar”.

“Para aprobar una Constituyente se requiere ley y dos convocatorias al pueblo. Este camino indicaría que los dos años que faltan estarán dirigidos no a gobernar con eficacia y serenidad, sino a preparar desde ahora el escenario del 2026”, expresó el senador.

Sin embargo, si esto llegara a ocurrir, una vez conformada la Asamblea, esta tiene la autoridad de redactar una nueva Constitución o reformar la existente.

Esto solo ha sucedido una vez en la historia del país que resultó con la Constitución que se tiene actualmente, la de 1991. Esa Asamblea estuvo integrada por 70 miembros, elegidos democráticamente por votación popular.

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Frente a esto, la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, aprovechó para recordar que “la Constitución de 1991 no solo tiene todas las herramientas para una transformación social, sino que fue concertada por muchos grupos, incluido el M-19. El 7 de agosto de 2022 yo juré defender esta Constitución y eso haré hoy y siempre”.

Y si bien el M-19, grupo guerrillero del que hizo parte el presidente, participó en este proceso en la década de los 90, el ahora mandatario que llama a una nueva Asamblea no participó en la renovación de la carta magna en aquella época.

Sin embargo, mientras era candidato presidencial, afirmó en al menos tres ocasiones que sí hizo parte de ese cuerpo constituyente, pero el único de los presidentes de aquella constituyente que sobrevive, Antonio Navarro Wolf, lo desmintió.

Para reformar una Constitución, en primera instancia, será en vista de una necesidad de reivindicaciones de derechos humanos, garantías y libertades, como lo fue en el caso en 1991.

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