En las últimas horas el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expidió el acto administrativo mediante el cual ejecuta el fallo de la Procuraduría General de la Nación que sanciona al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, con 12 años de inhabilidad para aspirar a cargos públicos.
La resolución a través de la cual el mandatario departamental acata lo dictado por el Ministerio Público y deja en firme la sanción contra Hernández, quien no podrá participar en las próximas contiendas electorales ni ser nombrado como servidor público.
“Ejecución. Disponer la ejecución del fallo de Segunda Instancia, Radicado IUS-E-2017- 920949 - IUC-E-2017-920949 del 09 de noviembre del 2023 proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular por medio del cual que impone sanción de destitución e inhabilidad general en el ejercicio de función pública, por el término de doce (12) años al señor Rodolfo Hernández Suárez en su condición de alcalde código 005 Grado 26 de Bucaramanga para el periodo constitucional que inicio el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019 la época de los hechos”, se lee en el acto administrativo.
Aunque la Resolución aún no tiene número del consecutivo, el documento oficial ya cuenta con la firma del gobernador Juvenal Díaz.
El oficio, que es de única instancia y no admite reclamaciones, le fue remitido a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Regional de Santander, la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía de Bucaramanga y la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Gobernación de Santander.
La sanción
La Procuraduría General de la Nación inhabilitó a Rodolfo Hernández Suárez para ejercer cargos públicos por 12 años porque encontró pruebas que señalan el interés indebido del entonces alcalde de Bucaramanga en el proceso contractual para la implementación de una nueva tecnología para el tratamiento de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco.
En el caso, conocido como el proceso Vitalogic, también está involucrado un hijo del exmandatario quien suscribió un contrato de corretaje para supuestamente favorecer a una empresa en el proceso contractual.
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Se ha hecho seguimiento al escándalo, entre las que se incluyen los presuntos chats entre Luis Carlos Hernández, hijo del exalcalde, y su socio de entonces, Luis Andelfo Trujillo, quien ahora es uno de los testigos en el juicio penal.
En su momento la invitación pública fue muy cuestionada por los entes de control, particularmente porque el gran favorito, la firma Vitalogic RSU, no presentó en su oferta una póliza de garantía como lo exigía la ley.
La convocatoria pública fue declarada desierta y, posteriormente, se anunció que el contrato se iba a suscribir con Vitalogic de manera directa, sin la apertura de un nuevo proceso contractual.
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El caso tomó un giro en 2020 cuando la Fiscalía encontró pruebas que demostrarían que el exmandatario intervino para que el contrato consultoría 096 de 2016 le fuera adjudicado al contratista Jorge Hernán Alarcón, uno de los personajes clave en el proceso contractual.
Por estos mismos hechos, en octubre de 2021 la Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del exgerente de la empresa municipal de aseo, Emab (operadora de El Carrasco), José Manuel Barrera.
El proceso es adelantado por la Fiscalía, que el 30 de noviembre de 2021 inició la audiencia preparatoria del juicio. Mientras tanto, Hernández alcanzó a llegar a la segunda vuelta presidencial y logró 11 millones votos, se posesionó como senador de la República por el Estatuto de Oposición y posteriormente renunció para no inhabilitarse en su aspiración a la Gobernación de Santander.
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