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“Tenemos derecho a gozar de paz en nuestros territorios”

Sábado, 1 de Agosto de 2020
Organizaciones hacen llamado frente a situación de violencia en la región.

El incremento de la violencia en el Catatumbo y la zona rural de Cúcuta en las últimas semanas tiene bajo el miedo y la zozobra a las comunidades que habitan estos territorios, con una alta influencia de grupos armados ilegales, y en alerta a las organizaciones sociales, comunales, de víctimas y defensoras de derechos humanos.

Y es que en apenas 15 días, muy cerca de la capital de Norte de Santander se han registrado dos masacres que dejan 12 muertos, en medio de la fuerte disputa que libran el Eln y Los Rastrojos en la zona de frontera con Venezuela, por el control del territorio y los negocios ilícitos.

De acuerdo con Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, en el primer semestre de 2020 ya son cinco las masacres que se contabilizan en todo el departamento, con un saldo de 29 personas asesinadas.

A esto se le suma el desplazamiento de por lo menos 800 habitantes de la zona rural de Cúcuta que decidieron dejar atrás sus viviendas y pertenencias, para evitar correr la misma suerte de quienes murieron a manos de los violentos.

En vista de esta grave situación de orden público, que se suma a la crisis sanitaria por el incremento acelerado de los casos de coronavirus en la región, varias organizaciones del orden nacional y con presencia en la región decidieron unirse para hacer un enérgico llamado al Gobierno Nacional y a los gobiernos departamental y local, así como a la comunidad internacional, para que ponga sus ojos y su atención en lo que está ocurriendo en esta zona de frontera.

“El conflicto ha venido escalando de una forma atroz, afectando de manera directa a comunidades, organizaciones, líderes y autoridades locales. Nuestra preocupación es alrededor de lo que ha estado ocurriendo en el área metropolitana y la frontera, porque este año ha sido especialmente crítico en temas de violencia”, manifestó Cañizares.

El director de Progresar advirtió que en los estudios hechos desde la Fundación han “localizado y mapeado” 12 estructuras armadas ilegales que operan a lo largo de la frontera con Venezuela, lo que hace sumamente complejo el panorama en esta zona del país.

“El grupo paramilitar de Los Rastrojos viene en un proceso de expansión y trata de ejercer control en ocho corregimientos de cuatro municipios, tres del área metropolitana de Cúcuta y en Tibú. Viene en un proceso de expansión en 52 veredas de estos cuatro municipios: la zona suroriental de Tibú, Puerto Santander, El Zulia y Cúcuta”, aseguró.

Agregó que los enfrentamientos y la declaratoria de guerra del Eln a Los Rastrojos, en el área rural de Cúcuta, han agravado la situación humanitaria y expuesto más a las comunidades y a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

‘Urge una respuesta inmediata’

El director de Progresar hizo énfasis en que los hechos de violencia que se han presentado en los últimos meses en el departamento son nuevos, pero la situación humanitaria en Norte de Santander no, y por eso amerita una respuesta inmediata y urgente por parte de las autoridades de todos los órdenes.

“Queremos insistir en la responsabilidad que tiene el Estado colombiano, las autoridades locales y regionales, en dar una respuesta inmediata a la emergencia humanitaria, en crear garantías para que esta población pueda retornar con seguridad, pero de manera voluntaria, y con la garantía de que no vuelva a ocurrir una masacre, que no sigan siendo intimidados, extorsionados, amenazados”, manifestó Cañizares.

Y agregó que la violencia no para “y no va a parar mientras el Estado no tome las medidas necesarias para proteger la vida, las libertades y los derechos de estas comunidades”.

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Desde la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, también hicieron un enérgico llamado a las autoridades y le endilgaron una responsabilidad directa al Gobierno Nacional en las más recientes masacres perpetradas en Vigilancia, Totumito, Carboneras, en límites entre Cúcuta y Tibú, y en el corregimiento de Agua Clara, también en la zona rural de la capital nortesantandereana.

Lo anterior, por cuanto aseguran que desde el año pasado la Defensoría del Pueblo venía elevando alertas tempranas que fueron ignoradas, pese a las amenazas que allí se advertían.

Olga Quintero, representante de la Asociación Campesina, recordó que varios corregimientos estaban en un alto riesgo y por eso se dijo que era necesario una investigación para que se implementaran las medidas de protección del caso, pero la situación no fue atendida de manera oportuna.

“Hacemos un llamado urgente a sentarnos en una mesa. Las organizaciones convocantes, la Gobernación y las instituciones que les compete abordar el tema de medidas de seguridad y garantías para las más de 800 familias desplazadas. Esta situación nos convoca a todos”, dijo.

Quintero consideró que el presidente Iván Duque tiene la responsabilidad de proteger la vida de todas esas comunidades que hoy están más vulnerables a los violentos.

“Tenemos derecho a tener una paz en nuestros territorios y esa paz no está en manos ni de los firmantes del acuerdo, ni de las organizaciones sociales, sino del Gobierno Nacional”, planteó.

Al llamado se sumaron también Cisca, el MCP, Vivamos Humanos, Copaz, Indepaz, Corporación Cultura Democrática, Fundación Paz y Reconciliación, Poder Paz, la Mesa de Fortalecimiento de Población Desplazada, Marcha Patriótica, Campaña Colombiana Contra las Minas, entre otros.

Cumplir el acuerdo

Desde la Asociación Minga, que también se unió a las voces que llaman la atención del Gobierno frente a la crisis que vive el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, insistieron en que es indispensable el cumplimiento del acuerdo de paz.

Diana Sánchez, vocera de la Asociación, manifestó que no se pueden seguir naturalizando los hechos de violencia que se vienen registrando en esta zona de frontera.

“Tenemos que reconocer que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc trajo alivios importantes al territorio y eso se sintió entre 2016 y 2017. Los índices de violencia bajaron de manera importante, lo que demuestra que este sí era un camino posible para detener tanta violencia. A lo que se sumó los diálogos entre el Gobierno y el Eln que trajeron un alivio sustancial al territorio y alcanzó a avizorarse un horizonte distinto”, dijo.

En ese mismo sentido, Sánchez dijo que les preocupa que al no implementarse lo que se pactó en 2016, la violencia se pueda exacerbar.

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