Luego de que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía aplicara, el año pasado, medidas cautelares sobre más de cien bienes avaluados en por los menos $46.000 millones a dos exalcaldes de Cúcuta, una larga lista de exfuncionarios y contratistas, sociedades y establecimientos comerciales por presuntos hechos de corrupción e irregularidades en el manejo de recursos públicos, el proceso pasa ahora a una siguiente fase.
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La Opinión conoció que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cúcuta acaba de admitir la demanda presentada por la Fiscalía 63 y le dio apertura a la etapa de juzgamiento en la que se definirá la suerte de 115 bienes inmuebles ubicados en Cúcuta y otros municipios del departamento, seis sociedades y tres establecimientos de comercio.
Algunas de esas propiedades corresponden a los exalcaldes Donamaris Ramírez (2012-2015) y César Omar Rojas (2016-2019); Isabel Márquez Rubio, exsecretaria de Equidad de Género de la Alcaldía de Cúcuta; Jimy Galán e Irly Yessenia Sandoval, exsecretarios de despacho en la administración de Ramírez; la Corporación Paz y Futuro, la Constructora Marmal Ltda, entre otros exfuncionarios y contratistas que están involucrados en las investigaciones.
A ellos, el ente acusador los señala de tener participación en la presunta comisión de delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, en el trámite de liquidación y ejecución de varios contratos suscritos por la Alcaldía Municipal en proyectos como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la Corporación América Barí (Cambari) y el Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre 2012 y 2019, lo cual habría ocasionado un millonario detrimento patrimonial.
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“En consecuencia, su señoría, se presentaron los bienes ya enunciados para efectos de que sean declarados a favor del Estado, sin contraprestación alguna a favor de su titular del derecho real de dominio, en aras de resarcir de alguna forma, el detrimento ocasionado por la omisión de los delitos imputados en cada uno de los procesos penales a cada uno de los funcionarios públicos y contratistas que participaron en las etapas precontractual, contractual y liquidación de los contratos”, dice la demanda elevada por la Fiscalía en la que se solicita dar inicio al proceso de juicio de extinción de dominio.
Caso CDI
Por el caso de los CDI que se proyectaron en los barrios Torcoroma, Siglo XXI, la Urbanización Cormoranes, Ciudadela El Rodeo y Comuneros, en Cúcuta, cuyo contrato estaba fijado en $4.695.902.120, la Fiscalía pide la extinción de dominio de ciertos bienes que están a nombre de:
-El exalcalde Donamaris Ramírez.
-Jimy Galán Villamizar, secretario de despacho – Área Dirección de Fortalecimiento Corporativo para la época de los hechos.
-Irly Yessenia Sandoval Pacheco, subsecretaria de despacho y secretaria Privada de la Alcaldía de Cúcuta.
- John Fredy Maldonado Peñaranda, representante Legal de la UT CDI 2013.
- Constructora Marmal S.A.S.
-César Augusto Martínez Álvarez, director de obra y socio de Marmal S.A.S.
-Oswaldo Grajales Rosas, secretario de Infraestructura Municipal.
- Felipe Andrés Gómez Sánchez, representante legal Unión Temporal UT Colva, encargados de la interventoría
-German Francisco Colmenares Rojas, director de la interventoría.
Corporación América Barí
Con relación al contrato No. 0965 de 2016, cuyo objeto era “Contratar los servicios de un operador que garantice el programa de emprendimiento y generación de empleo con equidad de género en el municipio de Cúcuta” y el cual tenía un valor $16.499.930.833, fueron aplicadas en septiembre de 2023 medidas cautelares sobre bienes del exalcalde César Rojas, Carlos Alberto Salcedo Salazar, representante legal de la Corporación América Barí e Isabel Márquez Rubio, quien fuera la secretaria de Equidad de Género para la época de los hechos.
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La Fiscalía está pidiendo ahora que se confirme la extinción de dominio sobre los bienes embargados, como quiera que: “las irregularidades encontradas en este contrato desde los estudios previos, por falta de planeación, por no existir una verdadera necesidad, por lesionarse los principios de transparencia responsabilidad, selección objetiva, y economía entre otros, canalizaron un detrimento patrimonial del erario público, atentándose contra la administración pública y además contra mecanismos de participación democrática al darse una corrupción al sufragante, al desviarse el objeto del contrato y disponer de los empleados para fines electorales (sic)”.
Plan de Alimentación Escolar
Por la celebración indebida de contratos, el año pasado también fue decretada la medida cautelar contra 90 bienes que tendría la Corporación Paz y Futuro en un mismo barrio, El Oasis, y los de varios exfuncionarios que tuvieron participación en el convenio No. 0133 de 2016, por un valor de $ 19.434.964.536, relacionado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Entre los afectados con el embargo aparecen, además: el exalcalde César Rojas, Lola Carvajal Aguilar, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unión Temporal ‘Dadle vosotros de comer’; Martha Lecci Mendoza Camargo, representante legal de la misma Unión Temporal; Wilmer Omar González, “tiene vínculo directo con el director ejecutivo José Antonio Manrique Torres, de la Corporación Social y Educativa Paz y Futuro), AZ Distribuciones Plus S.A.S y José Antonio Manrique.
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En la demanda, la Fiscalía le recuerda al juez de extinción de dominio que por este caso fueron imputados cinco funcionarios por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por la apropiación de aproximadamente $ 3.648.000.000.
Aunque inicialmente se habían aplicado medidas cautelares sobre otros dos bienes, uno de la Corporación de Servicio Pastoral Social de la Diócesis de Cúcuta y otro de la sociedad Ingenio Construcciones S.A.S., el ente acusador precisó que hicieron una “corrección de actos irregulares” y estos bienes no serán tenidos en cuenta en la pretensión de la demanda.
