Un viaje de más de una hora de camino, iniciando desde el sector de La Florida, en la vereda El Ambato de Tibú -por una olvidada vía  donde sobresalen las piedras, la tierra y hasta el barro, se recorren pequeñas poblaciones como La Silla, El 25, La Punta, Banco de Arena, Puerto León, donde hoy se siente tensión, zozobra e incertidumbre.

Por esta carretera, que bordea gran parte de una zona montañosa, se llega al sector El 57, que se une con la vía principal que de Puerto Santander conduce a Cúcuta o a territorio venezolano. 

El ambiente enrarecido que hoy se siente por esa zona no es por lo apartado y desolado de estas poblaciones que están en el área rural de Tibú y Cúcuta, sino por lo que algunos de sus habitantes cuentan que han tenido que vivir y que los grafitis que se observan en las paredes de varias viviendas que están por toda la vía, así lo confirmarían.

“El Eln, Los Rastrojos y ahora Los Gaitanistas quieren apoderarse de esta región porque saben que de acá pueden sacar mucha plata, por eso es que se están enfrentando y nos tienen a nosotros en el medio. Estamos arriesgando nuestras vidas”, aseguró un campesino de esa zona, quien por seguridad pidió no revelar su nombre.

Muchos de estos labriegos reconocen que lo atractivo para estos grupos armados ilegales es que en esta región hay cultivos de hoja de coca y minería ilegal, además de que es una de las rutas más apetecidas por los narcotraficantes y los contrabandistas, pues están muy cerca del Catatumbo y la frontera con Venezuela, y por ahí hasta hace poco no se veía ni Policía ni Ejército.

Y lo más lamentable es que los campesinos saben que están en medio de ese conflicto porque ellos laboran con negocios ilegales como los cultivos de coca y la minería, pero lo justifican porque el Gobierno no les lleva proyectos productivos.

“Nosotros sabemos que trabajamos con cosas ilegales, porque no hay garantías para hacer algo más, pues sabemos que a quien agarren le cae la justicia. Lo que hace el pobre es esconderse, mientras que están las autoridades, pero una vez se van, vuelven a salir a trabajar con lo ilícito y así es que se vive en esta zona”, señaló otro habitante de esa región.

En varias oportunidades y en recientes investigaciones periodísticas de La Opinión las autoridades han asegurado que durante más de una década Los Rastrojos tuvieron su imperio del terror en esta zona porque mensualmente podrían llegar a obtener ganancias de hasta 10 mil millones de pesos, lo que hizo que desde septiembre de 2019 el Eln iniciara una arremetida a sangre y fuego contra esa banda criminal para quedarse con ese territorio, dejando muchas víctimas mortales y desplazamientos.

Pero ahora, después de 16 meses, la situación se ‘calentó’ aún más, porque ya se habla de una unión de Los Rastrojos con Los Gaitanistas o el Clan del Golfo para recuperar el territorio que tenían bajo su dominio desde 2008 y que el Eln se lo fue quitando rápidamente.

En medio de los combates

Precisamente, esa ‘guerra’ a la que se refieren los labriegos se hizo más contundente los últimos días de 2020. “El 28 de diciembre, desde la mañana, se comenzaron a escuchar disparos y bombazos, eso fue horrible. Quienes vivimos en la parte más alta de La Silla, nos tocó escondernos debajo de la cama o salir a correr, buscando un refugió”, contó otro campesino de la región.

Hay personas que aseguran que ese día vieron llegar a un grupo de hombres, quienes vestían prendas del Ejército y que estaban armados hasta los dientes, y se identificaron como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

“Eso daba mucho susto. Esas personas nos dijeron que venían a sacar al Eln de la zona, porque eran ellos los que iban a mandar ahí. Los tiros y las explosiones de las bombas eran muy cerca de donde nosotros vivimos, por eso fue que decidimos salirnos de ese lugar”, explicó otro habitante de La Silla.

Así como estas personas de La Silla vivieron esos momentos angustiantes, hubo otros campesinos de El 25, La Punta, Banco de Arena, Vigilancia y Palmarito que afirmaron que también sufrieron lo mismo y observaron la presencia de esos hombres armados, que se identificaron como Gaitanistas.

La fundación Progresar fue la primera en alertar esta situación que están viviendo los labriegos de esa zona. A través de un comunicado que emitieron a mediados de diciembre señalaron lo que estaba sucediendo y pidieron que las autoridades policiales, militares y civiles se pusieran al frente de la situación.

Y a pesar de que la Alcaldía de Cúcuta señaló que ese enfrentamiento jamás se dio y que el grupo de hombres fuertemente armados del que hablan los campesinos no se ha visto por esa región, el Ejército decidió mover parte de sus tropas hacia allá y hoy permanecen de un lado para otro vigilando de que no pase nada.

Desplazamiento

Pero gran parte de los labriegos no se sienten seguros y fue por eso que decidieron desplazarse. Varias familias se resguardaron inicialmente en la iglesia de La Silla, donde permanecieron más de una semana, pero al ver que el Gobierno no les ayudaba, salieron de ahí hacia otro punto.

Hoy hay 23 familias amparadas en la escuela de El Ambato (Tibú), cuatro de las cuales son venezolanas. “Nosotros nos salimos por el miedo de esa incursión que se dio. Allá quedan muchas más personas asustadas que no se van porque tienen miedo de que pierdan lo poco que han logrado”, sostuvo uno de los desplazados.

Añadió: “acá no somos muchos, solo estamos 23 familias y la Alcaldía de Tibú nos está ayudando. Nosotros no queremos regresar allá, lo que buscamos es que el Gobierno nos reubique”.

Otro habitante de la zona, que decidió dejar todo tirado y se desplazó para salvaguardar su vida y la de su familia, manifestó que, “en La Silla no hay garantías para vivir y trabajar. Ahorita se está viendo un grupo de hombres fuertemente armados y con la llegada del Ejército se cerraron todas las minas, entonces tenemos problemas por todos los lados”.

Otra de las preocupaciones que tienen los campesinos es no tener la certeza del tiempo que permanecerán en la zona las tropas del Ejército, “pues mientras que los militares estén los grupos armados ilegales no harán nada, pero quién nos garantiza que no pase lo que sucedió en la arremetida paramilitar, entonces es muy difícil tener confianza en eso”.

“Yo no voy a esperar a que a mí o a uno de mis hijos lo maten para que el Gobierno lo pague, entonces prefiero desplazarme. La cosa esta muy delicada en la zona. Lo que vivimos nosotros no lo ha vivido nadie del Gobierno ni ningún funcionario público, peligrando la vida por una bala pérdida”, manifestó otro labriego.

Pese a todas las peticiones que han hecho las familias que salieron huyendo, desde la Gobernación de Norte de Santander les han dicho que ya se coordinó con el Ejército para que les preste seguridad a los habitantes de esas poblaciones y así garantizarles su retorno, y que por el momento ven muy difícil una reubicación.

Sin embargo, los campesinos aseguraron que el Gobierno siempre envía a alguien que va y les promete proyectos productivos que no se ejecutan, generando desconcierto en la región. “Ante eso nos toca trabajar con los cultivos ilícitos o la minería ilegal, porque eso es lo que nos da para sobrevivir”.