Cumplidos 360 días de la llegada de la pandemia a Venezuela, y en el marco de las actividades con motivo del día de los médicos venezolanos, estos dijeron no tener “nada que celebrar y todo por exigir”.
Por ello acudieron ante la Defensoría del Pueblo con un documento en el que las organizaciones de la sociedad civil denunciaron la destrucción de los servicios médicos en el Táchira, y aseguraron que la negación de salud a la población constituye un delito de exterminio, porque tanto el gobierno regional como quienes ocupan cargos nacionales en el Estado venezolano conocen esta situación y no hacen nada para garantizar el derecho a la vida.
Adicionalmente, expusieron la precariedad de sistema de salud y exigieron transparencia en la administración de los recursos para el sector, así como una adecuada aplicación del cronograma de vacunas contra el coronavirus.
Omar Vergel, director del capítulo Táchira de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, recordó que a lo largo del último año registran 354 fallecidos entre el personal de salud, 21 de los cuales corresponden al Estado Táchira.
La última de ellos, una neumóloga que perdió la batalla contra la COVID-19 “en un hospital universitario tipo IV donde no hay servicio de imágenes de ningún tipo”, dijo el galeno al referirse a estudios de Rayos X, resonancias o ecografías que se suman a la carencia de laboratorios, insumos y medicamentos que mantiene en jaque al sistema hospitalario del Táchira y de Venezuela.
Insistió en que sólo una vacunación priorizada lograría contener la pandemia, por lo que exigieron que se haga público el plan de vacunación.
“Venezuela es el único país donde se vacunan primero los diputados y el presidente antes que el personal de salud”, dijo Vergel tras denunciar que el personal de salud que labora en áreas COVID de los centros hospitalarios privados no ha recibido la inmunización.
“Un ciudadano que necesite hacerse hoy una radioterapia debe ir a Cúcuta por las trochas y pagar más de 5 millones de pesos para cumplir su tratamiento. Además, el Hospital Central también lleva más de 4 años sin tomógrafo, el equipo de rayos X se usa a discreción de quienes estén de guardia y quienes deciden a quién se le hace una placa y a quién no”, afirmó por otra parte Javier Tarazona, director general de FundaRedes.
Beatriz Salas, directora de la ONG Proyecto 860, destacó que la corrupción sin precedentes en Venezuela ha sido una de las principales causas de la destrucción de la red hospitalaria, al recordar que la empresa Odebrecht recibió recursos para varias obras de remodelación y construcción de centros asistenciales y ninguna fue ejecutada.
Según la vocera “la pandemia por COVID-19 solo vino a demostrar la destrucción total del sector sanitario, las deficiencias son terribles en el Hospital Central, Hospital Oncológico, Seguro Social, red ambulatoria y hospitales en los municipios”.
Señaló la corrupción como causante directo de la emergencia humanitaria compleja que hoy vulnera los derechos de los venezolanos.
Las organizaciones exigieron al gobierno regional y nacional que presenten información, estadísticas, montos de inversión y quiénes son los responsables del manejo de recursos para la construcción, mantenimiento y dotación de los centros de salud del Táchira.
