Tras una reunión llevada a cabo por el sector del transporte fronterizo del Táchira con concejales y diputados, se acordó la evaluación de la paralización de actividades en la frontera en los próximos días, así como la entrega de un documento ante el Consulado de Colombia en Venezuela activo en San Antonio, en defensa de la actividad del transporte en la frontera.
Además, el Sindicato de Transporte de la Frontera anunció la presentación de una tutela en Colombia para pedir la nulidad de la resolución 077 del Área Metropolitana de Cúcuta.
Celestino Moreno, representante del sindicato, explicó que el transporte binacional no está reactivado en su totalidad, pues son 13 líneas las que operaban hacia Cúcuta antes del año 2015, así como 34 líneas de taxis de San Antonio y Ureña.
“A nosotros nos está limitando el Área Metropolitana de Cúcuta a que nosotros podamos prestar un servicio a la comunidad dentro de la frontera”, declaró.
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Por ahora son solo tres empresas las que se han reactivado, pero aún restan por retomar la ruta binacional, otras líneas tradicionales, lo que deja a unos 4000 padres de familias afectadas con este problema.
El problema radica en la imposición del seguro contractual y extracontractual que salió solo para el transporte de origen colombiano; sin embargo, el sindicato busca que le acepten el seguro extraterritorial.
“Estamos en busca de agotar todos los canales regulares. Ya a última hora nos tocaría irnos a un paro permanente, pero lo que queremos es que nos sentemos y que la frontera vuelva a tener el intercambio, como lo ha existido toda la vida”, refirió Moreno.
El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Gustavo Rangel, quien se reunió con los más de 80 transportadores afectados, recordó que él llevó un derecho de palabra a la plenaria nacional en donde expuso las restricciones que tiene el transporte público venezolano en el territorio colombiano.
El parlamentario detalló que tras varias conversaciones y exhortos han visto avances sobre algunas de las líneas que ya tienen libre tránsito del lado colombiano, pero dijo que aún quedan empresas por recibir el visto bueno a fin de que comiencen a operar.
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También deploró el hecho de que los estudiantes que residen del lado venezolano tengan que atravesar los puentes de manera peatonal ante el impedimento de permitir el tránsito de todas las empresas de transporte tradicionales de la frontera.
Carlos Taborda, concejal del municipio Pedro María Ureña, planteó la posibilidad de llevar la derogación de la tutela mediante un derecho de palabra ante el Concejo Municipal de Cúcuta.
William Gómez, exalcalde del municipio Bolívar, mencionó que la resolución 077 del Área Metropolitana de Cúcuta, que obliga a los transportistas venezolanos a cumplir solo una ruta para la movilidad binacional, no está enmarcado en el último tratado suscrito por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, y ni siquiera el Acuerdo de Tonchalá lo menciona.
El transporte público individual venezolano solo puede movilizarse hacia ocho puntos de interés para los usuarios venezolanos que son: Terminal de Transporte, aeropuerto internacional Camilo Daza, Ventura Plaza, Jardín Plaza, Unicentro, hospital Erasmo Meoz y las clínicas Medical Duarte y San José.
Son ocho rutas que han sido preestablecidas para que la Policía pueda tener más control. Los taxis venezolanos no tienen autorización de cargar pasajeros dentro del territorio nacional, solo pueden ingresar a dejar los viajeros y retornar vacíos por la ruta que se les autorizó.
Tres líneas identificadas como Expreso Bolivariano, Quinta República y Fronteras actualmente laboran desde la Terminal de Transporte de Cúcuta y del municipio de San Cristóbal.
Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión
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