La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, retomó este martes el proceso que inició hace dos meses para establecer la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en su gestión de gobierno.
La bancada oficialista se retiró la sesión alegando que la Asamblea Nacional incurrió en un desacato de una sentencia del mes pasado del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó a los congresistas no continuar con el enjuiciamiento político de Maduro por considerarlo inconstitucional.
La mayoría opositora del Congreso puso fin a la tregua que había mantenido por casi dos meses a raíz de un proceso de diálogo con el gobierno, y retomó este martes el debate para establecer la responsabilidad política de Maduro por el presunto incumplimiento de los deberes constitucionales.
El proceso contra Maduro comenzó hace dos meses, pero fue postergado a comienzos de noviembre por solicitud del Vaticano, que está actuando como facilitador en la mesa de diálogo y que actualmente se encuentra paralizado por la falta de acuerdo entre las partes.
El enjuiciamiento político no podría provocar la destitución de Maduro debido a que el Legislativo no está facultado por la constitución para ello.
El diputado opositor Juan Pablo Guanipa dijo, durante su discurso en la sesión, que la declaratoria de responsabilidad política de Maduro solo implicará una "sanción moral", e instó a sus colegas a revisar los plazos constitucionales para acelerar la salida del gobierno de Maduro, cuyo mandato presidencial concluye en 2019.
El diputado Pedro Carreño rechazó a nombre del oficialismo la acción de la oposición, y sostuvo que el enjuiciamiento político de Maduro "no es serio" ni está en consonancia con la ley y la constitución.
La bancada oficialista tras abandonar la sede del Congreso se dirigió a la histórica Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad, para participar en una concentración con decenas de seguidores del gobierno.
La reactivación del juicio podría elevar las tensiones políticas que se intensificaron en octubre luego de que las autoridades electorales y judiciales suspendieran el proceso de recolección de firmas para activar un referendo revocatorio del mandato de Maduro.
El mandatario venezolano enfrenta este proceso en medio de una compleja crisis económica. Maduro dijo la víspera que su gobierno está enfrentando un ataque dirigido por "mafias" que contrabandean los billetes venezolanos hacia Colombia.
Para hacer frente a esa situación el gobernante ordenó sacar de circulación en 72 horas los billetes de 100 bolívares, que son los de mayor denominación, y acordó el cierre por tres días de la frontera con Colombia que había sido reabierta en agosto tras estar cerrada durante casi un año.
