La justicia británica comenzó a examinar el miércoles en Londres si acepta decisiones del Tribunal Supremo venezolano en el marco de un largo litigio entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el control de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.
"No se trata de un juicio sobre todo el sistema judicial venezolano (...) sino solo sobre cinco decisiones", defendió en su alegato inicial Richard Lissack, abogado del gobierno bolivariano.
El poder venezolano y la oposición se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas de la institución británica.
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En julio de ese año, Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países --entre ellos el Reino Unido--, nombró su propia junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV).
Esta ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva oficialista, presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población.
Los nombramientos hechos por Guaidó fueron sin embargo invalidados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, leal a Maduro.
Tras haber decidido en diciembre, al término de dos años de batalla judicial, que la justicia británica reconoce efectivamente a Guaidó como legítimo y único representante del país, la Corte Suprema de Londres ordenó no obstante analizar si la decisión judicial venezolana invalida efectivamente sus nombramientos.
Esto corresponderá a la jueza Sara Cockerill, del tribunal comercial de Londres, quien escuchará argumentos y testigos de ambas partes hasta el lunes pero no se pronunciará de inmediato.
Las autoridades de Caracas, que en 2020 aseguraron necesitar los fondos urgentemente para hacer frente a la pandemia de coronavirus, defienden ahora que no debe precipitarse en sus conclusiones.
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El abogado de Guaidó, Andrew Fulton, pidió a la magistrada que se pronuncie lo antes posible, tras el fin de las vistas la próxima semana, para que los bienes "no permanezcan en el limbo más tiempo de lo necesario".
Calixto Ortega viajó a Londres
Ortega viajó a Londres para participar en el juicio, tras obtener una "visa diplomática" que según Lissack refuerza su legitimidad como representante oficial del BCV.
Sin embargo, pese a estar presente en la sala el miércoles, no debía ser interrogado por decisión de la jueza, que en junio decidió limitar su participación a una declaración escrita previa.
La parte oficialista llamó el miércoles como primer testigo a Francisco Carrasquero López, de 79 años, exvicepresidente de la sala constitucional del TSJ, jubilado en 2015.
Intervino por videoconferencia desde Venezuela, con cinco horas de diferencia horaria, dado que su salud le impide viajar a Londres.
Pero varios problemas técnicos dificultaron y retrasaron su intervención.
Está también previsto el testimonio de otro juez venezolano, Enrique Parody Gallardo, actual secretario de la cámara plenaria del TSJ.
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"Sistémica falta de independencia"
Abriendo sus argumentos contra las decisiones del TSJ, Fulton destacó las "acusaciones de sistémica falta de independencia" en ese organismo.
Y advirtió que "cualquier sugerencia de que testigos" como Carrasquero y Parody "se sentirían libres de dar un testimonio sincero ante un tribunal inglés es fantasiosa".
Los abogados de Guaidó denuncian que el proceso judicial venezolano que anuló sus nombramientos no fue "un juicio justo bajo reglas británicas" porque la oposición no tuvo posibilidad de defenderse.
Durante los cuatro días de vistas, deben llamar como testigo a Enrique Sánchez Falcón, procurador especial nombrado por Guaidó, a Ricardo Villasmil, expresidente de la junta directiva del BCV nombrada por el "presidente encargado", y a su sucesor Manuel Rodríguez Armesto.
Se apoyan también en informes de varios organismos de Naciones Unidas y de diversas oenegés sobre las acciones del gobierno de Maduro en materia de derechos humanos.
En este sentido, Fulton denunció amenazas y "presiones, incluidas sanciones y hostigamiento, contra jueces y fiscales".
Y puso "varios ejemplos de ruptura en la separación de poderes" entre ejecutivo y judicial, como "interferencias" del TSJ en el nombramiento de miembros a la comisión electoral y del sistema de control de los partidos opositores.
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