En los primeros cuatro meses del año se registraron más de 78.900 personas víctimas de desplazamiento masivo y confinamiento a nivel nacional.

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Así lo reveló un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA), que explicó que la violencia durante estos meses se debe principalmente a las constantes disputas entre grupos armados en algunas zonas del país.

Los casos se han presentado principalmente en los departamentos de la región Pacífico (costa Pacífica, frontera al norte con Panamá y al sur con Ecuador), y la frontera con Venezuela. Sin embargo, para las Naciones Unidas preocupa el deterioro de la situación humanitaria en los departamentos del sur del país (Putumayo, Vaupés, Amazonas) y la región del Magdalena Medio (Bolívar, Sucre, Magdalena y Cesar), ante los hechos de violencia armada hacia la población.

Las cifras de este informe indican además que, al menos, 55.428 personas han estado confinadas en 23 eventos de 16 municipios del país, siendo la zona pacífica la más afectada. Lo que significa un aumento de al menos 139 % en relación con las víctimas presentadas en 2021.

La mayor preocupación frente a este flagelo se centra en el departamento de Chocó, donde al menos 184 comunidades étnicas son víctimas recurrentes ante la falta de garantías de seguridad, identificando al menos a 49.000 personas confinadas en ocho municipios de este departamento.

Lo anterior se entiende, según el informe, por el control territorial de los grupos armados que ha generado tanto amenazas individuales como colectivas, enfrentamientos entre estos grupos e instalación de minas antipersonal.

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Frente a los desplazamientos masivos el informe explica que durante estos cuatro meses se presentaron al menos 56 eventos los cuales se concentraron en la región Pacífico que concentra el  67% de las víctimas.

La mayor parte de estos casos se entiende por los combates que se presentan en las zonas, masacres y asesinatos selectivos, amenazas a quienes se declaren víctimas o reciban asistencia humanitaria, riesgo de reclutamiento, uso y vinculación de niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Por último, el informe no brinda un panorama alentador a futuro, pues prevé que para los siguientes meses, la situación humanitaria y la violación de derechos humanos del país seguirá siendo compleja y afectará a las poblaciones más vulnerables del país, porque la continuidad de expansión de los grupos armados y los enfrentamientos entre ellos debido a las disputas territoriales que existen en varios territorios.

Claman protección

El informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA), se conoce días después del llamado de protección y seguridad de los habitantes de los municipios de Colosó, Sucre y San Jacinto Bolívar, afectados por el recrudecimiento de la violencia y el paro armado del Clan del Golfo por la extradición de Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’.

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Ante esa situación, en misivas enviadas al ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, y al gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, la Procuraduría General de la Nación solicitó garantizar la seguridad y protección a la población que habita en municipios ubicados en Los Montes de María, dado el incremento de hechos violentos que continúan afectando a esta subregión.

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