En ese contexto, para supervisar el proceso de sustitución de medida privativa de la libertad, será un juez el encargado de hacer seguimiento, y en caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas, será quien determine la gravedad de la actuación y de paso evalúe si es necesario aplicar un debido proceso.
Pero no todas las mujeres cabeza de hogar que estén en prisión podrán acceder a la libertad que promete el decreto. En el documento también quedaron fijadas las excepciones, por ejemplo, la excarcelación no será válida para aquellas que estén condenadas por uso de menores para la comisión de delitos y tampoco las que estén relacionadas con delitos de violencia intrafamiliar.
Por otro lado, el decreto también deja claro que las mujeres que resulten beneficiarias de esa libertad serán afiliadas al Sistema de Seguridad Social y al Sistema de Riesgos Laborales; en caso de que algunas no puedan pagar la cotización, serán remitidas a la Secretaría de Salud del municipio para que se inicie el trámite correspondiente.
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Este decreto materializa la idea del Gobierno Petro de humanizar la justicia y de paso descongestionar las cárceles y el sistema judicial. Sin embargo, la idea ha causado distintas posiciones en el sector político. Mientras que para unos es el primer paso en el futuro cambio en el sistema de justicia penal en Colombia, para otros es seguir favoreciendo a los delincuentes, tal como lo han afirmado personalidades de la oposición.
En todo caso, mientras se hace realidad esa excarcelación masiva para las casi 5.000 madres cabeza de hogar, en el Congreso avanza a paso largo un proyecto de ley que vuelve a poner en primer lugar la agenda de derechos de las mujeres. Se trata del proyecto 242 de 2022 en el que se prometen más beneficios para las mujeres buscadoras, reconocidas por dedicar su vida a encontrar a sus seres queridos que desaparecieron en medio del conflicto armado.
El pasado 16 de agosto el proyecto superó dos de los cuatro debates necesarios para convertirse en ley, fue aprobado en la Cámara de Representantes y principalmente ha sido impulsado por legisladores del Pacto Histórico y colectivos de familiares de desaparición forzada.
La idea de ese proyecto se enmarca en reconocer la labor y proteger los derechos de esas mujeres, entendiéndolas como constructoras de paz. En ese sentido, esa protección tiene como fundamento “el contexto al que se exponen las mujeres y personas buscadoras durante su labor de búsqueda de las y los desaparecidos, caracterizado por el sufrimiento de distintos tipos de violación a derechos humanos y otros delitos con afectaciones a su salud física y mental”, explica el proyecto que todavía debe discutirse y aprobarse en el Senado.
Garantías para las buscadoras
El proyecto de ley para las mujeres buscadoras que corre en el Congreso busca además que estas tengan acceso a los subsidios o programas de vivienda de interés, así como garantías de salud, participación y reparación. Además, consagrar el 23 de octubre como Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres y Personas Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, en homenaje a su contribución a la búsqueda y al esclarecimiento de la Verdad, recordando que en dicha fecha Fabiola Lalinde fue detenida y encarcelada cuando desarrollaba una intensa búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde, desaparecido en Jardín, Antioquia.
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