Tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de que no se hallaron más pruebas sobre el supuesto atentado al fiscal general y otros altos funcionarios, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, salió a sacar pecho de la situación y hasta a intentar voltear las cargas a su favor.

Según la guerrilla, el hecho de que no se haya encontrado más pruebas significa que fue “un montaje” con intenciones de sabotear el acuerdo de paz entre el ELN y el Gobierno Petro. Un mensaje que también dio a entender un comunicado posterior de la Mesa de Negociación.

“¿La Fiscalía fabrica noticias falsas? (...) Se ha estigmatizado a la insurgencia y se ha puesto en cuestión la mesa de diálogo”, aseveró dicho grupo armado a través de un comunicado.

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Pero los “reclamos” de la guerrilla fueron más allá. Según la cuenta oficial de la Delegación del ELN, el fiscal debería tener alguna especie de “sanción” por, supuestamente, realizar acciones en contra de la mesa de diálogos.

“Se demuestra la falsedad de la noticia ¿Pero habrá consecuencias contra Francisco Barbosa? Utilizó todo el aparato de la Fiscalía y la Revista Semana para atacar a Gustavo Petro y sabotear la Mesa de Diálogos. ¿Todo se queda ahí?”, cuestionó la guerrilla.

Respecto al comunicado de la Mesa de Negociación, que incluye a ambas delegaciones, el Gobierno y el ELN dijeron que “la forma en la que (el supuesto atentado) fue comunicado a la opinión pública hubiese podido afectar la confianza entre las partes y de la sociedad colombiana con relación al cese al fuego acordado”.

Por eso, ambas partes coincidieron “remitir dicho pronunciamiento al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego, con el fin de que emita su concepto sobre este caso”.

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Sobre el atentado contra Barbosa, Cabal y Zapateiro

Cabe recordar que fue el mismo fiscal Francisco Barbosa el que anunció que altas fuentes le habían informado de un plan del ELN para atentar contra su vida y contra las vidas de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y del excomandante del Ejército, Eduardo Zapateiro.

Pese a que la información generó una alerta en los medios de comunicación y la opinión pública, el Gobierno siempre se mostró exceptivo de ese plan. De hecho, el presidente Petro se demoró casi dos días en citar a Barbosa para expresarle su apoyo y asegurar que iniciaría las investigaciones correspondientes.

Aún así, el Ministerio de Defensa salió este miércoles a decir que no se encontraron más evidencias de ese posible atentado y que, según su información, se trató de una sola fuente que entregó esa información al Ejército y a la Fiscalía

“Se pudo confirmar que, una vez verificados los registros que poseen los organismos de inteligencia, la fuente que suministró la información a la Fiscalía General de la Nación, se trataría de la misma que entregó los datos al Ejército Nacional (...). Se pudo comprobar que ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia, en desarrollo de sus labores propias, manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista”, dijo Velásquez.Con todo eso, el fiscal y el presidente Petro protagonizaron un nuevo intercambio de puyas. Minutos después de esas declaraciones de MinDefensa, el jefe de Estado trinó que “un alto funcionario se dejó engañar”, refiriéndose a que Barbosa se había creído un atentado que no existió.

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A lo que Barbosa trinó que “al que están engañando es al presidente”.

Bajo ese contexto, la Mesa de Negociación ha venido gestionando tensiones de parte y parte. Este mismo miércoles se conoció, por ejemplo, que la guerrilla secuestró un soldado en Fortul, municipio de Arauca.

Según el Frente de Guerra Oriental del ELN el soldado Ariel Oswaldo Ríos Vinasco “violó los protocolos del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal”, por lo que, según ellos, se justificaba su captura.

Como este, la Misión de Verificación de la ONU ha registrado por lo menos dos docenas de posibles violaciones a la medida que, según el mecanismo internacional, se deberán investigar para decidir que acciones correctivas se deben tomar.

Con información de El Colombiano*

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