"El gobierno incumplió con los acuerdos, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas, sin cisternas, con graves defectos de saneamiento básico e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracan", dijo la Corte.
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El alto tribunal también se constató que las autoridades encargadas negaron al pueblo raizal el derecho fundamental a la consulta previa, lo cual derivó en una total desconexión y falta de dialogo entre el gobierno y los habitantes de las islas.
Esto también se vio reflejado en la construcción sin consulta previa de una estación de guardacostas de la Armada Nacional que se priorizó sobre la reconstrucción de edificios centrales para la comunidad raizal.
Esta decisión se dio luego de una tutela presentada por una representante de la comunidad raizal quien aseguró que Presidencia de la República, unidad de gestión de Riesgos, Ministerio de Vivienda y la alcaldía de Providencia y Santa Catalina habían vulnerado los derechos de los habitantes de estas dos islas durante la planeación y ejecución después del paso del huracán Iota que destruyó el 98%.
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Por ello, el alto tribunal ordenó a la alcaldía y la UNGRD que en 30 días intervenga el hospital de campaña para garantizar el acceso a la salud de los habitantes; 45 días para garantizar el acceso a agua potable y 90 días para el cierre de los terrenos utilizados durante la emergencia como botaderos y basureros.Igualmente, en 15 días y acompañados de otras entidades como el Ministerio del Interior y de Vivienda para que adelanten un proceso de consulta con la comunidad raizal sobre el nuevo proceso de reconstrucción, incluyendo la corrección de errores realizados en el gobierno anterior.
"El proceso de reconstrucción integral de la isla no ha terminado y está lejos de estarlo", determinó la Corte.
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