Con la finalidad de resolver las demandas en curso contra la ley de paz total, la Corte Constitucional decidió en Sala Plena convocar a una audiencia pública para deliberar sobre el futuro de los procesos judiciales.
Esta decisión se toma tras no pronunciarse de fondo sobre una de las reformas contra la ley 2272 de 2022, luego de las opiniones encontradas de los magistrados sobre las demandas y que terminó con que la mayoría de la sala plena decidiera que “ninguno de los cargos formulados cumplía con los requisitos exigidos y se declaró inhibida”.
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La Corte Constitucional decidió, en Sala Plena y por unanimidad, realizar audiencia pública en el marco del estudio que adelanta con ocasión de las demandas que se encuentran en curso en contra de la Ley 2272 de 2022, “por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014, 1941 de 2018, se define la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones”.
Según argumentó el Alto Tribunal, se tratará de un espacio de deliberación participativo y democrático en el cual se puede suministrar a la Corte elementos de juicio relevantes para la valoración de la norma impugnada.
Es de recordar que la Corte ha utilizado esta herramienta para definir algunos procesos que requieren un mayor análisis netamente jurídico o que son de mayor importancia para el país. Para su desarrollo, se cita expertos en el tema para escuchar sus argumentos en pro o en contra de las demandas que tiene en el Alto Tribunal.
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En este caso se citó al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aunque también se espera la citación de otros expertos para completar el panel de la audiencia pública.
La misma herramienta fue empleada por la Corte Constitucional en la demanda de la actriz Esperanza Gómez contra la red social Instagram por el tema de libertad de expresión, así como la realizada en 2013 para analizar el marco jurídico para la paz en la búsqueda de acuerdos con grupos armados en el gobierno Santos.
En las diligencias a futuro, el Alto Tribunal tiene en firme la audiencia para analizar las demandas contra la reforma tributaria en temas de regalías y también sobre el decreto de emergencia sanitaria en La Guajira.
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