Luego de una audiencia reservada el 2 de noviembre, la próxima semana Salvatore Mancuso tendrá que jugar públicamente su última carta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Mancuso estuvo convocado para declarar en la JEP la semana pasada. Sin embargo, una solicitud de última hora, presentada el primero de noviembre por su abogado, impidió que el país escuchara nuevamente lo que tenía que contar.

De acuerdo con un auto de seis páginas de la Jurisdicción Especial, la petición del apoderado del exparamilitar era la de aplazar la diligencia, "atendiendo a razones de seguridad personal tanto del aspirante a comparecer como de su familia y su equipo defensorial".

La JEP, a su turno, canceló una rueda de prensa en la que iba a anunciar su determinación frente a la aceptación —o no— del sometimiento de Mancuso. Además, dispuso que el testimonio de Mancuso del jueves pasado fuese reservado.

La audiencia a puerta cerrada se llevó a cabo. Luego, la Jurisdicción anunció que contrastará las respuestas del exjefe de las Autodefensas, para por fin entregar una decisión que lleva cinco años en vilo.

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El anuncio de este jueves es que el próximo viernes, 17 de noviembre, Salvatore Mancuso declarará públicamente, en medio de una Audiencia Única de Verdad en la que la magistratura de la JEP lo escuchará. La diligencia judicial será transmitida por los canales digitales del órgano nacido del Acuerdo de Paz.

De las respuestas del exjefe paramilitar depende su eventual vinculación a ese mecanismo transicional, que teje una oportunidad fundamental para las víctimas e innovadora para su propio sistema jurídico. La JEP ha informado que Mancuso deberá continuar aportando información, con el fin de determinar si puede, o no, ingresar a la Jurisdicción "en calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública".

Mancuso ha expresado su voluntad de comparecer ante la JEP desde 2017. Primero lo hizo de manera verbal, siendo testigo en otro juicio en la Corte Suprema, y luego lo hizo de manera escrita. La Jurisdicción, a su turno, empezó los trámites previos.

En junio de 2020, la jurisdicción nacida del Acuerdo de Paz de 2016 rechazó conocer de los procesos que la justicia ordinaria llevaba contra el exjefe paramilitar. Es decir, desestimó su sometimiento. El argumento principal fue que Mancuso perteneció al paramilitarismo, algo que se salía de la “competencia personal” de las Salas de Justicia de la JEP.

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En términos simples, todos los exintegrantes del paramilitarismo se presumen excluidos de la JEP, pues la competencia del máximo órgano de la justicia transicional solo acoge a exguerrilleros y a exmiembros de la Fuerza Pública en términos generales.

Sin embargo, con los años ese enfoque fue variando para darle cabida a otros actores relevantes del conflicto armado, como los agentes del Estado que no estuvieron en armas o los terceros civiles que, de algún modo, colaboraron con las hostilidades propias del conflicto armado nacional.

Así, en 2022, tras una apelación de Mancuso, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz decidió que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia podría tener una última oportunidad bajo la figura de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública”, bajo la premisa de que podría ser “bisagra o punto de conexión entre los aparatos militar y paramilitar”.

Es decir, la JEP pudo robustecer su jurisprudencia a partir de la idea de que Mancuso, más allá de ser un mero ‘para’ o jefe de paramilitares, podría haber sido un colaborador de las Fuerzas Militares en violaciones a los derechos humanos. De los casos relacionados con ese enfoque se encarga la JEP en su macrocaso 08, ‘Crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares’.

Luego de que la JEP encontró una ruta por la que podría escuchar a Salvatore Mancuso —y a otros desmovilizados, como ‘Jorge 40’—, siguieron meses de preparación para las víctimas y se definió que el detenido en Estados Unidos debía participar en una audiencia pública en mayo para que contase su verdad.

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El relato central de Mancuso contuvo versiones que ya había contado a la justicia ordinaria y a Justicia y Paz. Además, incluyó elementos novedosos que permitieron intentar justificar que fue un sujeto incorporado a la Fuerza Pública, aun en un rol ilegal. Por ejemplo, contó que fue entrenado, como otros paramilitares, por uniformados, y que él mismo fungió como informante incluso antes de ser comandante.

El excomandante paramilitar, extraditado por Álvaro Uribe, tuvo que empezar a superar lo que la JEP denominó “umbral de verdad”, que es el nivel de reconocimiento de responsabilidad que Mancuso debe alcanzar si quiere ser parte de la justicia transicional.

O sea, Mancuso, además de relatar su relación con el mayor fallecido Walter Fratini o el supuesto beneplácito de políticos como Francisco Santos, tuvo que dar nuevos nombres que le permitan a la justicia emprender caminos distintos a los que por años ha recorrido.

El aspirante a entrar a la justicia transicional habló de las Convivir, a las que calificó como “la manera en que se le dio legalidad a la ilegalidad”, y aseguró que estuvo al mando de un grupo de ellas “para matar a los civiles que señalaban como guerrilleros”. Además, involucró a Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno del período de Álvaro Uribe en la Gobernación de Antioquia.

“Nos entregaban listados y entonces íbamos y golpeábamos a las casas y los matábamos porque nos decían que eran guerrilleros”, aseguró, señalando a la Fuerza Pública. El desmovilizado de las Autodefensas mencionó que las Fuerzas Armadas Estatales acusaban incluso a campesinos, y los entonces ‘paras’ los ejecutaban.

Los relatos fueron largos y le tomaron a Mancuso cuatro días. Masacres, exmilitares, políticos, empresarios; el conocedor de primera mano de la confrontación armada narró varios hechos y salpicó, una vez más, a buena parte del país. La JEP, luego, le pidió complementar más.

Entre mayo y octubre, Mancuso ha enviado varios documentos a la Justicia Especial. La Jurisdicción, el 18 de mayo inició la contrastación de las versiones de Mancuso con el material en su poder. Asimismo, le pidió información que se mantiene en reserva y le dio un plazo de treinta días hábiles para responder.

La petición iba encaminada a esclarecer con qué empresarios se reunió en Antioquia y Sucre para fortalecer el paramilitarismo. Además, se buscó recoger un listado de personas vinculadas a compañías del país que presuntamente tuvieron nexos con los paramilitares.

El 5 de julio, la Jurisdicción Especial anunció que el excomandante de las Autodefensas entregó información en el plazo establecido y solicitó un plazo adicional para entregar otras respuestas. Una semana después, la Sala de Definición indicó que Mancuso entregó "un documento junto con una matriz y anexos", y le otorgó quince días para seguir aportando verdad.

Tiempo después, Mancuso reiteró que iba a ayudar a encontrar a víctimas de desapariciones, sobre todo en hornos crematorios descubiertos por la Unidad de Búsqueda, y el gobierno de Gustavo Petro lo nombró gestor de paz. El desmovilizado, además, insiste en regresar a Colombia y en que se le pueda brindar libertad para adelantar labores de búsqueda, algo que debe estudiar la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Durante la diligencia judicial, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitirá un concepto sobre los aportes que hasta el momento ha realizado el exjefe de las AUC "para decidir si tuvo o no un rol de bisagra o punto de conexión con agentes del Estado".

Podría ser la última vez que la JEP zanje la discusión sobre si Salvatore Mancuso puede, o no, entrar a su sistema de justicia transicional. En caso de que sí, la Jurisdicción de Paz avocará conocimiento de todos los procesos que la justicia ordinaria lleva en contra del cordobés, incluyendo la decisión, que por orden de la Corte Constitucional estudia el Tribunal de Bogotá, de si queda en libertad.

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