Uno de los conceptos más repetidos durante la campaña presidencial por el entonces candidato Gustavo Petro fue “perdón social”, el cual levantó toda una polvareda cuando se asoció a la posibilidad de ponerles punto final a las condenas de narcotraficantes y corruptos presos en diversas cárceles. Y ahora, en plena discusión de la llamada paz total, el término revivió como fórmula para pavimentar el acogimiento de las disidencias que comanda el capo conocido con el alias de “Iván Márquez”.

Y, para darle un ingrediente mayor a la polémica que se está formando en el Capitolio y otros estamentos políticos, la posibilidad de que “Márquez” y su banda terminen judicialmente limpios con esa figura nació desde Comunes, el partido que se formó tras el desarme de las extintas Farc.

Eso, en plata blanca, se traduce en que la fórmula la planteó el grupo político del que desertó “Márquez” cuando le hizo conejo a lo pactado en La Habana tras cinco años de negociaciones.

Justamente, “Márquez” había firmado la paz en 2016 con la promesa de acogerse a la vida civil, entrar en la política y pasar la página de sus tiempos en armas. Pero en agosto de 2019 el guerrillero reapareció vestido de camuflado en compañía de los ya fallecidos Jesús Santrich, El Paisa y Romaña anunciando la “Segunda Marquetalia”.

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Incluso, él es el único de los principales comandantes que traicionaron el pacto firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos que sigue vivo, pero está convaleciente en una clínica en Venezuela, desde donde hizo contactos con el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

Los enlaces del disidente guerrillero con la institucionalidad van más allá de Rueda, pues son sus excompañeros quienes le están buscando pista en el perdón social.

El senador Julián Gallo, quien ocupa una de las 5 curules que por cuenta del Acuerdo de Paz tiene Comunes en la cámara alta, le confirmó a este diario que lo que plantean es un camino para reversar el daño que, a su juicio, hizo el supuesto entrampamiento que se tejió sobre “Iván Márquez”.

Aunque de inmediato dijo que tanto él como su partido rechazan con contundencia el regreso a las armas de esa facción disidente, Gallo sí fue claro en que el perdón social le permitiría sumarse a los diálogos que quiere hacer el Gobierno con el ELN y otras narcobandas, como el Clan del Golfo y las disidencias.

“La figura de sometimiento o acogimiento sobre la que se plantea esta fórmula se debe definir en el marco de la paz total, ya que, como lo dijo el presidente Petro, es un perdón como sociedad y no del Estado”, enfatizó Gallo.

Además, aclaró que este camino le permite a “Iván Márquez” tener una vía para dejar las armas y reinsertarse a la vida civil, pues al haber traicionado el acuerdo de La Habana ya no tiene cupo legal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

No obstante, el canciller Álvaro Leyva dijo la semana pasada en Nueva York –ante el Consejo de Seguridad de la ONU– que el Ejecutivo alista una cirugía a la JEP para que todo actor –legal o ilegal– que tenga algún tipo de relación con el conflicto y la guerra pueda acudir a esta jurisdicción transicional.

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Esto coincide con lo dicho por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, en torno a que “Márquez” está abierto a aceptar los acercamientos a la paz total y que tiene la disposición de explotar fórmulas jurídicas para su dejación de armas.

No obstante, la fórmula de Gallo –que podría tener eco en la Casa de Nariño– ya tiene detractores. Uno de ellos es el senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz, quien advirtió que no apoya “acuerdos con desertores, porque se necesita cuidado y contundencia con quienes incumplieron lo pactado en La Habana. El camino con ellos es la justicia ordinaria. Si hay lugar para alivios deben ser aquellos que se tramiten a juicio de la Fiscalía”.

En todo caso, mientras se define si aplica o no el polémico perdón social para “Márquez” y su banda desertora –actualmente afincada en campamentos ubicados en Venezuela–, en el Congreso avanzó la reforma a la Ley de Orden Público, la primera parte del andamiaje jurídico de la paz total. Esta norma da autorización legal para que el Gobierno pueda explorar caminos que lleguen a la paz. Sin embargo, la polémica está abierta .

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