Antecedentes previos: reuniones entre dirigentes del Pacto Histórico con criminales en las cárceles durante la campaña; denuncias contra Juan Fernando Petro, uno de los visitantes a las prisiones, por recibir plata de bandidos a cambio de beneficios gubernamentales; acusaciones de Benedetti sobre la entrada de 15.000 millones de pesos, cuyo origen “no es de emprendedores”, a la campaña petrista y amenazas de que si habla “se cae el gobierno”.
Antecedentes inmediatos: Gustavo Petro designa a su hijo como jefe de la campaña en el Caribe y, según se ve en un video, lo encarga de gestionar dineros para la campaña; Nicolás recibe dinero de mafiosos y de contratistas del Estado, no le cuenta a su papá y una parte se la gasta y otra la dedica a la campaña, según dice en Semana; afirma también que a esa campaña entraron otros dineros ilegales, como los de Euclides Torres, y sugiere que de esa plata su padre sí sabía pero que “no puede comentarlo porque está en negociaciones con la Fiscalía”.
Hechos conocidos antes del nuevo escándalo: la campaña de Petro no reportó los gastos de pago a testigos en la primera vuelta ni los relacionados con los consultores internacionales, y un informe de auditoría muestra "pagos a empresas fantasmas, donaciones no registradas y una aparente maniobra de cambio de facturas”.
El código penal: desde 2017, hay nuevas reglas que establecen que son delitos que los gerentes y los candidatos reciban recursos de “fuentes prohibidas" para financiar las campañas y que se “excedan los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral”. Las penas son de 4 a 8 años. Podría también incurrirse en falsedad en documento privado, en fraude procesal y en concierto para delinquir.
La Constitución: con independencia de la eventual responsabilidad penal, el art. 109 de la Carta dice que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”.
Topes: el Consejo Nacional Electoral estableció que los límites para la primera vuelta eran de $28.536.520.492 pesos. La campaña de Petro reportó gastos por $28.384.680.001 pesos, 152 millones debajo del tope, y solo una donación individual de dos millones hecha por Camilo Ramón Mejía. Para la segunda vuelta el tope fue de $13.347.457.427 pesos y la campaña reportó gastos de $13.199.709.794 pesos, 148 millones debajo del límite, y solo una donación de Luis Gabriel González por 30 millones. Ninguno de los aportes de Santander Lopesierra e Hilsaca y los demás de los cuales habla Nicolás fueron reportados. Con esos ingresos (o con los gastos relacionados con testigos y asesores internacionales) se violarían los topes.
Responsabilidad penal de Gustavo Petro: habría que probar que sabía de los aportes no reportados. En ese caso, la Comisión de Acusaciones de la Cámara tendría que acusarlo ante el Senado. Admitida públicamente la denuncia, el Presidente quedaría suspendido de su cargo y deberá ser puesto a disposición de la Corte Suprema, a quien le corresponde el juicio criminal.
Responsabilidad política: aún si no hubiera responsabilidad penal porque no se pueda probar que sabía, si se prueba que hubo violación de los topes sería sancionado con la pérdida del cargo. Como los dineros recibidos que entraron a la campaña, todos no reportados como he señalado, beneficiaron no solo a Petro sino también a su fórmula vicepresidencial, en caso de que Petro fuera suspendido o destituido en el cargo, no cabría que Francia Márquez se hiciera cargo. La Presidencia debería ser asumida por el presidente del Senado, Iván Name, en caso de que la decisión se tomara antes del 20 de julio de 2024.
