Quejas por posibles anomalías de parte de algunos policías de la Mecuc; peticiones para controlar las chatarrerías de Cúcuta, y vigilancia sobre quienes acaparan el control de la ciudad fueron algunos de los temas abordados por los concejales este martes, en el control político a la secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Al respecto, el concejal Víctor Suárez cuestionó el control a las chatarrerías y la verificación de los permisos de uso de suelo, y denunció que en el barrio San Luis, diagonal al Club Pamplonita, se instaló una chatarrería y después de ello se empezaron a perder las tapas de las alcantarillas, las bombillas, y las rejas.

“A los bombillos les tuvimos que poner una capota de aluminio para que no se los roben”, dijo, y aunque señaló ser respetuoso de la generación de empleo y la creación de empresas, pidió prestar atención a estas situaciones. 

“No todo se le puede recriminar a la Policía, cuando como Alcaldía de Cúcuta permitimos la existencia de esos negocios en los que terminan llevando lo que se roban a dos, o tres cuadras; no en todas, pero sí en muchas”, afirmó.

Por su parte, el concejal Carlos Camero, resaltó que se efectúen cierres de chatarrerías pero lamentó que a los pocos días estén nuevamente abiertas, razón por la que conminó a la Policía a generar actividades continuas; de lo contrario, fracasarán.

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Quejas por tránsito

De otro lado, se develaron posibles irregularidades en la Policía, particularmente de los funcionarios que detienen vehículos, como le ocurrió al concejal Óscar Sanabria, quien indagó por qué policías de vigilancia lo detuvieron por segunda vez, no le solicitaron cédula, y al parecer no estarían autorizados para este tipo de control.

Al concejal Camero le pasó algo similar cuando un par de policías en moto lo persiguió en el centro de la ciudad, para verificar su cumplimiento del placa día.

“Perfecto que hagan ese control, pero me sorprendió que me corretearon por tres cuadras, y no se dieron cuenta de que desde la novena solo había espacio para un carril porque a los dos lados, estaban parqueados todos los carros”, relató. 

Aunque les hizo caer en cuenta de ello, “no me contestaron, y por la avenida 8, voltearon y se fueron, y creo que una de las funciones de la policía es garantizar la movilidad”.

Entre tanto, el concejal Óscar Angarita advirtió que en Atalaya se han impuesto grupos de vigilantes nocturnos, algunos de ellos inmigrantes, que se pueden prestar para favorecer actos delictivos, y grupos de delincuentes.

El concejal Suárez recordó que es urgente solicitar más pie de fuerza en la ciudad, en vista de la cantidad de población flotante proveniente de Venezuela, pero insistió en que la solicitud no solo debe surgir de la administración municipal sino de la Gobernación, la Asamblea, y los ciudadanos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Mauricio Franco, destacó la actividad del Grupo Especial Migratorio, que ha conducido más de cinco mil inmigrantes de vuelta a los puentes internacionales, y enfatizó en que las acciones para preservar la seguridad también dependen del apoyo de la ciudadanía.

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Responde la Mecuc

El coronel Hermes Barrera anunció que hoy citará al personal de tránsito para evaluar la situación de los retenes, el control a la movilidad, y solicitó veeduría para que los policías cumplan con su deber.

Sobre las chatarrerías reconoció que se debe hacer un censo, y comentó que algunos de estos negocios falsifican los documentos de uso del suelo, pero para combatir la situación, se acudirá a Planeación.

Agregó que se creará una policía de parques, con la secretaría de Seguridad Ciudadana, y dio a conocer las dificultades de control en zonas como Puerto Santander.

“Allá han tratado de incinerar las tractomulas, la Alcaldía de Puerto Santander la han incinerado en tres ocasiones, los delincuentes se camuflan entre la comunidad cuando se hacen los procedimientos...

No es que sea imposible, pero se requiere un pie de fuerza importante”, comentó.

También dijo que “recientemente vertieron en una cañada, en la Ye de Astilleros, todo el combustible, en un procedimiento, y de ese daño ecológico nadie habla”.

A la vez que resaltó que el control de la ciudad lo ejerce la Policía, y no particulares que “empiezan cobrando, luego después se vuelve una obligación, que pasa a una extorsión, y detrás de esa gente viene todo un andamiaje criminal”, y resaltó la entrega de alarmas comunitarias.